Comentarios breves: Sensatez y espíritu democrático

El mayor peligro para la democracia es la conducta de los políticos electos convencidos de que las urnas legitiman sus actos, sean estos los que sean. Es lo que trasciende de actitudes como la de la activista y hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando asevera que aplicará solo las leyes que ella considere justas. Es lo que está viviendo el pueblo griego con unos gobernantes que se resisten a cumplir las normas del club al que pertenecen pero al que presionan para una ayuda económica que deben soportar, según ellos, los demás socios del club. Y es lo vivido en esta autonomía andaluza, donde sus gobernantes se han conducido de forma ilícita y arbitraria para montar una red clientelar que le asegure la permanencia en el poder.
 
Cuando en el año 2007 asistimos al enjuiciamiento del director de El Mundo de Andalucía, Paco Rosell, y del redactor jefe Javier Caraballo, por una querella interpuesta contra ellos por el entonces presidente andaluz Manuel Chaves, un puñado de demócratas defendimos públicamente a quienes, desde la mejor ética periodística, alzaban la voz contra los desafueros de los que, sin pudor, gobernaban esta tierra como su propio cortijo. La querella pretendía dar un escarmiento al periódico tesonero en la defensa de las libertades democráticas, para imponerle el silencio del que tan plácida, y espléndidamente compensado, disfrutaban la mayor parte de sus colegas. El ataque que con la querella se producía a principios básicos de la democracia era tan patente que el Comité Mundial de Libertad de Prensa recriminó su presentación, advirtiendo su presidente Markham Bench que Manuel Chaves "debía cuidarse del  uso del poder para silenciar las críticas" a él dirigidas. Conviene recordar, para entender la arrogancia conque se conducían nuestros gobernantes, que las fianzas impuestas por ofensas al  honor de Chaves se cifraron en un total de 840.000 euros, lo que constrastaba con los 3.000 euros que por aquellos días se impusieron al periódico El Jueves por una ofensa al honor de la Casa Real. Para satisfacción de todos los demócratas, Paco Rosell, Caraballo y el diario El Mundo quedaron limpios y absueltos del delito que se les imputaba.

En contra de quienes se escandalizan con el goteo continuo de políticos imputados, soy de los que piensan que, por fin, se están limpiando las cloacas de la actividad política. Porque lo importante no es que se sepa o se sospeche de conductas inmorales; lo importante es que se persigan, como ahora está ocurriendo, cualquiera que sea el afectado. Por ello, para cualquier sensibilidad democrática, resulta alentador un auto tan demoledor como el dictado por el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que atribuye a los encausados Chaves, Griñán, Zarrias y Viera, una "actuación arbitraria con objetivos que tenían un fin claramente ilícito". Ello nos reconcilia con quienes pensamos que debe sancionarse la falta de respeto a la legalidad, más aún cuando ha sido orquestada por los máximos dirigentes de la autonomía andaluza, que además han presidido a nivel estatal, durante catorce años, al partido socialista. Se dibuja así un escenario de inmoralidad difícilmente aceptable, máxime cuando, sin pudor ni decoro, los dos principales encartados emiten un comunicado expresando "su profundo sentimiento de orgullo" porque, gracias al sistema irregular que pusieron en marcha, "más de seis mil trabajadores y sus familias hayan podido sobrevivir". ¿Y quiénes fueron y por qué los seis mil afortunados?¿Qué criterios objetivos se siguieron para su selección?¿Y cuantos más se hubieran beneficiado con las comisiones repartidas?¿Y con los fondos de la cocaína o los destinados a asar una vaca? Solo desde el sentimiento de impunidad conque se han conducido puede tenerse la desvergüenza de sacar pecho en esta tesitura.

Ni quienes ganan unas elecciones están legitimados para actuar ilimitadamente sin respetar el principio de legalidad, ni la sociedad debe permanecer inerte ante los desafueros de quienes no respetan las reglas del juego, que son la base de la democracia. Y tomen nota los viejos y los nuevos adanes de la política, los que piensan que todo el respeto a la democracia empezó con ellos, y son ellos los auténticos intérpretes del sistema, olvidando que nadie tiene absolutamente razón y que las urnas no son ningún medicamento que, por sí mismo, borre la trayectoria de cada cual y le catapulte al uso arbitrario del Derecho. Cuando se actúa sin respeto a la legalidad vigente es bueno recordar lo que el citado Markham Bench dijo a Chaves respecto a la denuncia contra Rosell: "desista de la querella y de así una lección de sensatez y espíritu democrático, no solo en Andalucía, sino en toda España".