El espectáculo que las fuerzas políticas están dando con el tema de los pactos, y los sucesivos "digo" donde antes dijeron "Diego", está provocando la reacción lógica en un electorado que se ve ninguneado porque su voto es objeto de un mercadeo insufrible, olvidándose de proclamas programáticas confeccionadas en muchos casos para embaucar al gran público con planteamientos de imposible cumplimiento. Así, quienes negaban simpatía o relación con ETA no dudan ahora en encumbrar en Navarra a su brazo político, incluso ofendiendo, como solo una mala persona puede hacerlo, a las víctimas de la banda. Y con estos radicales y otros grupos de tinte separatista no tiene empacho el socialismo del nuevo Zapatero en pactar en Barcelona, Badalona, Valencia y otros puntos, lo que resulta preocupante en un partido que lleva en sus siglas la "E" de España.
Por si fuera poca la preocupación sobre ciertas derivas de algunos grupos políticos, la nueva hornada que ha irrumpido en los ayuntamientos y autonomías, no parece tener excesiva consideración con el cumplimiento de la legalidad, la cual solo parece interesarle en cuanto se adecue a sus deseos e intenciones. La mayor parte de las propuestas de los nuevos grupos son irrealizables porque, ni ayuntamientos ni autonomías, tienen competencia sobre las materias contenidas en dichas propuestas, lo que no es óbice para que los nuevos mesías insistan en su cumplimiento.
A esta obsesión por ignorar la legalidad, ante la necesidad de conseguir los pactos necesarios que aúpen a los candidatos al poder, se ha sumado, de manera un poco extraña, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Lanzando un órdago a los demás partidos, ha marcado como ultimátum el plazo de 72 horas para que permitan su investidura, so pena de convocar nuevas elecciones, amparándose, al parecer, en su cargo de presidenta. Parece ignorar Susana Díaz que sus facultades no son las plenas de una presidencia ordinaria, sino las propias y tasadas de presidenta en funciones. En base a ello, hasta el 5 de Julio en que vence el plazo de dos meses desde la primera intentona de investidura, hay que atenerse al texto literal del artículo 118 del Estatuto de Autonomía que dice: "Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación NINGÚN CANDIDATO hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones". Es decir, Susana Díaz puede fracasar en sus intentos de investidura, pero no puede privar al Parlamento ni a otro candidato de la facultad de votar la hipotética petición de investidura de otro presidenciable, que se debatirá siempre antes de los dos meses indicados en el precepto legal.
En definitiva, la Presidenta en funciones no ostenta un mandato ordinario y sus facultades en materia de convocatoria están regladas: solo, por mandato legal, pasados dos meses sin investidura, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones. Pero no antes. Claro que, vista la forma irregular y anti reglamentaria como se constituyó la Mesa del Parlamento andaluz, en esta tierra puede ocurrir cualquier cosa al margen de la ley.
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