La privatización de la sanidad pública andaluza o el carajal del SAS

Una de las grandes trolas del PSOE ANDALUZ, personificado ahora, en su incipiente etapa peronista, en la figura omnipresente de Susana Díaz,  es el cuento de la defensa a ultranza de la sanidad pública. Desde hace décadas, está ocurriendo, exactamente, lo contrario. En 20 años, la Junta de ANDALUCÍA no ha construido un hospital con presupuesto público que no sea de gestión privada hoy en día. Insisto, PRIVADA, sin demagogia ni eufemismos.
 
La oposición, TODA, lo sabe. Otra cosa es que escondan su cabecita bajo el ala y haga como que no sabe, no escucha, no ve ni entiende. O, como la casta gobernante, que siempre se entera por la prensa del problema cuando ya es vox populi. Otra cosa es que miren para otro lado. Casi siempre coincide que el otro lado es  Madrid, objetivo de todas las críticas por parte de esos partidos que se llaman de izquierda, incluso de nueva izquierda, aunque sus ideas son más añejas que Lenin, y que denuncian allá en la capital de este reino de taifas desvertebrado  lo que ni huelen aquí en el sur de la pijo progresía gobernante. 

Lo denuncian médicos, profesionales de la enfermería, técnicos sanitarios y personal de mantenimiento, estatutarios, eventuales y una amplia representación de la extensísima plantilla que conforma la primera empresa andaluza. Otra cosa es que encuentren eco en la controlada opinión pública sureña. Lo denuncian sindicatos, incluidos los verticales del régimen,  y asociaciones de pacientes víctimas del carajal en que ha devenido uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. Otra cosa es que  tengan  la resonancia mediática de las mareas blancas madrileñas. Y lo  recogen  balances periódicos del Tribunal de Cuentas e informes oficiales de ámbito nacional y europeo que, como el PISA a la educación, ponen de manifiesto el deterioro progresivo de la calidad asistencial,  acelerado en los años de crisis por las políticas drásticas de recortes de recursos. Por supuesto, esos informes apenas se han publicitado en algunos medios que, más que de información, se diría que existen para  desinformar.

Un ejemplo de esos estudios basados en estadísticas puras, nada de elucubraciones, es el informe  ‘’IDIS’’. Elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, analiza la participación de la gestión privada en la sanidad pública por comunidades autónomas. Les dejo el enlace para que ustedes mismos consulten los datos en que estén interesados y comprueben que el barco de la privatización sanitaria zarpó tiempo ha, también en Andalucía,  y avanza a ritmo de vértigo, a la par que en Cataluña y Madrid. 

Enlace: Informe "IDIS" 

Los buitres sobrevuelan el gran negocio sanitario andaluz.

En resumidas cuentas, pues, lo reafirmo, -a ver si se enteran las huestes de Antonio Maíllo,  Teresa Rodríguez, Juan Marín y Moreno Bonilla. Incluso los súbditos de Susana Díaz-,  ‘’la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía mantiene conciertos con 17 centros hospitalarios privados de toda la comunidad. Otros catorce hospitales son gestionados por empresas públicas, un modelo de gestión directa por el que se crean entidades sujetas al derecho privado’’. Se trata, según los autores del informe, de «un modelo que, aunque distinto a la privatización, se acerca a la gestión empresarial privada». Tanto, -añado experiencias personales-, que la asistencia en tales centros sostenidos con dinero público es derivada a los centros públicos genuinos en cuanto puede reportar un gasto extra a sus eficientes cuentas de resultados anuales. 

Sin embargo, por estos lares nadie se da por enterado, ni siquiera, los partidos de la oposición, que tienen en ésta otra oportunidad inexcusable  para denunciar la hipocresía y las mentiras rotundas de la reina de Triana, ahora erigida en salvadora patria, por aquello de ejercer como abanderada de la oposición a  los frentes contra. ¡Ya ves¡  ella que considera un frente contra su egregia figura toda actitud  que no sea estar a sus pies.

En resumidas cuentas, la política de conciertos con centros privados iniciada casi desde el principio de los tiempos autonómicos  ha ido in crescendo hasta el punto en que, hoy en día, si la  concertación se suspendiera se produciría el caos sanitario. 

El informe ‘’IDIS’’ destaca que, ‘’además de los  contratos para tareas específicas, la Junta tiene establecidos convenios singulares con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el grupo hospitalario Pascual. El primero de ellos contempla el uso de cinco hospitales (Jerez, Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla), y su  renovación en 2011 se hizo por un montante de 111,2 millones de euros para una actividad prevista de 40.000 ingresos, 370.000 estancias, 57.000 intervenciones quirúrgicas, 112.000 consultas, 84.000 diagnósticos y 180.000 sesiones de rehabilitación.

El acuerdo con el grupo Pascual cubre seis hospitales (Villamartín, Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Cádiz, Huelva y Málaga). El 80 por ciento de sus pacientes son derivados de la sanidad pública. El convenio, que finalizó el 21 de enero de 2013, ha sido renovado unilateralmente por la Junta (con una reducción del 5 por ciento en el presupuesto de adjudicación) utilizando un mecanismo de emergencia y alegando interés general.

Desde julio de 2011, el SAS mantiene un acuerdo de cuatro años con Cruz Roja Española para la prestación de servicios sanitarios en el Hospital Victoria Eugenia, en Sevilla. 

La crisis ha desenmascarado, además, otra modalidad de uso inadecuado del presupuesto público en el ámbito de la sanidad andaluza. Desconozco  si   la práctica también es réplica de la política sanitaria madrileña. Se trata de invertir fondos públicos, con cargo a préstamos excepcionales obtenidos del Banco Europeo de Inversiones, cuya devolución e intereses pagaremos todos,   en la construcción de nuevos centros hospitalarios privados, que están germinando como hongos en la geografía sureña a iniciativa de los amigos del poder. Mientras tanto, por falta de dotación económica, según el argumentario oficial, la Junta tiene paralizada la inversión en todos los proyectos de ampliación y mejora de los hospitales públicos. 

Hospitales públicos andaluces, en riesgo  de extinción. 

Aunque la práctica se inició, también,  en la década de los 90, a raíz de la crisis, la Junta ha disparado los concursos para la contratación de servicios externos en  los hospitales públicos. Una especie ésta en riesgo de extinción ya que  ha quedado reducida a un tercio. Es decir, de cada tres hospitales, sólo uno es público, aunque con una propensión acelerada a la privatización de su cartera de servicios –limpieza, cocina, seguridad, mantenimiento, pruebas de diagnóstico por imagen, laboratorio y análisis clínicos, terapias respiratorias, hemodiálisis, tratamientos, terapias  e intervenciones quirúrgicas-.

Las prestaciones y labores en los hospitales de la Junta de Andalucía se privatizan a diario. Las subcontratas de las contratas con empresas privadas  están a la orden del día desde hace décadas. Si a ello le unimos una política de personal que ha declarado el empleo público también en liquidación,  a través de la precariedad laboral y la suspensión de derechos adquiridos,  el negocio  de la privatización está servido en bandeja por los mismos gerentes que  perciben cifras de productividad astronómicas por su eficiente gestión. Las cuantías de productividad percibida por la élite gestora son inversamente proporcionales a la calidad asistencial y a los índices de satisfacción reales. 

En su delirio por ocultar la realidad tras una terminología difusa, que intenta  expresar lo contrario de lo que identifica, no saben ya qué inventar. Para eso está la Agencia de la Calidad Sanitaria, alarde de la más eficiente política de gestión privada. No obstante, si rascas un poco la fachada, la cal cae rápida. Para muestra les aporto este instructivo, y a la par divertido, vídeo producido por la Plataforma por una  Sanidad Pública Justa en Andalucía.