Corre por ahí
una leyenda urbana según la cual los empresarios son por lo general amigos del
liberalismo económico, y por tanto más afines a los partidos de la derecha, que
suelen defender estos postulados. Nada más lejos de la realidad, en
un doble sentido. Primero porque no hay muchos partidos hoy día que gobiernen o
tengan expectativas de hacerlo -ni de derechas ni de ninguna parte, ni en
España ni en otros países de nuestro entorno- que sean realmente liberales, a
pesar de que hay quienes gustan de poner por doquier la etiqueta de
“neoliberal”, más que nada tratando de desprestigiar a determinados adversarios
en una sociedad en la que la libertad cotiza poco. Segundo porque
los propios empresarios, al menos en este país que todavía no se ha
quitado del todo las legañas del paternalismo estatal franquista, son a lo sumo
amigos de su propia libertad, como cualquier hijo de vecino, pero no de
la de los demás.
Ellos prefieren,
para empezar, un estado protector de sus negocios, que les evite tener
que luchar en la medida de lo posible con la siempre
incómoda competencia. Un estado que proteja su status frente a
inoportunas iniciativas que puedan restarles cuotas de mercado. Ahí están los
casos de UBER o de los hoteleros tradicionales contra el emergente
sector de los apartamentos turísticos.
Los empresarios
–los malos empresarios que son muchos de los que tenemos en España- prefieren
también un estado, unas administraciones públicas, con las que sea fácil hacer
negocios. Que concedan cuantiosas subvenciones para paliar su incapacidad para
generar recursos por sí mismos, o que gasten el dinero a manos llenas en
contratos y adjudicaciones que les favorezcan. A veces,
más fácil que convencer a muchos clientes para que voluntariamente
compren tus productos es convencer a una administración, que
coactivamente se encarga de extraer el dinero de los bolsillos de los
ciudadanos, para que acabe en el bolsillo
del sagaz emprendedor. Qué decir de aquellos
empresarios que viven en gran parte del favor o el capricho político (léanse
por ejemplo las actividades empresariales relacionadas con el urbanismo). Con
tal de sacar rédito poco les importará que el responsable
de turno cumpla o no las leyes. Si tantos políticos corruptos hay en España se
debe en gran parte a que hay otros tantos empresarios dispuestos a corromper
para sacar a delante sus negocios.
Descartado pues
que los empresarios españoles, en general y salvo honrosas excepciones, sean
partidarios de la verdadera economía de libre mercado, y por tanto
de la menor intromisión, para lo bueno y para lo malo, de la
administración en la actividad económica, poco puede
extrañar, aunque ciertamente no sea habitual, el posicionamiento tan claro y rotundo
expresado la semana pasada por presidente de la patronal
sevillana, Miguel Rus, en favor del candidato socialista a la
alcaldía de Sevilla en las inminentes elecciones municipales, Juan Espadas. No
hace sino expresar la forma que una gran parte del empresariado, especialmente
en Andalucía, tiene de entender lo que es la actividad empresarial y su función
en la sociedad, que al parecer siempre tiene que ir a remolque del poder
político. Esta es sin duda una de las claves de la situación que vivimos en
nuestra comunidad autónoma, en la que todo se supedita gustosamente a lo que
disponga quien maneja lo que se publica en el boletín oficial.
El sr. Rus no
sólo ha apoyado claramente y sin ambages al candidato socialista sino que ha
denostado lo que ha sido la labor de la corporación municipal en los últimos
cuatro años, en que el equipo de gobierno se ha dedicado fundamentalmente a
sanear las cuentas del Ayuntamiento, prácticamente en quiebra al
inicio del mandato, antes que a seguir despilfarrando el dinero de los
sevillanos para forrar a unos cuantos.
Es normal que
algunos empresarios echen de menos la época de Monteseirín. Quizá no los que
han cobrado por fin sus facturas pendientes, después de años esperando, gracias
al Plan de Proveedores, pero sí aquellos otros que hacían grandes negocios a
costa de las depauperadas arcas municipales. Que se lo pregunten si no a SACYR,
que, según hemos sabido también esta misma semana, se va a embolsar por las
dichosas Setas otros treinta y seis millones de euros
(unos 6.000.000.000 de las antiguas pesetas, por si alguien todavía
no maneja bien los cambios) a costa de todos los sevillanos,
gracias al regalo que el anterior alcalde les hizo en los últimos días de
su mandato.
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