Si el Tribunal Supremo imputase formalmente, pidiendo el suplicatorio, a los diputados y senadores investigados por los ERE, estaríamos en la antesala -cuanto menos, durante diez años- de una presunta cleptocracia supuestamente vertical e institucional. ¿Ha sido esta la razón, además de sus intereses propios monclovitas, de que Susánida haya lanzado ayer "el paquete más potente de lucha contra la corrupción que se ha conocido en España, y que ha hecho nunca ningún Gobierno"?
Esta señora que ha pronunciado estas palabras es la misma que ha mantenido como altos cargos a imputados en su Gobierno, ha protegido a sus mentores políticos como personas honradas con un paripé de dimisiones falsas; la misma que mantuvo como aforados a los cuatro aforados en el TSJA en la mesa de la Diputación permanente, y que sigue sin pedir las actas a los cinco aforados en el Supremo, etc.
Al asunto de los ERE se le ha querido quitar la importancia y la gravedad histórica que tiene, sobre todo, en el socavo de los principios de justicia social, igualdad, competencia, beneficio público, pérdida de miles de millones del erario público, desprestigio de nuestras instituciones y del sistema, en general.
Asimismo, se puede observar un totum revolutum de conceptos que presentan como excluyentes "responsabilidad" y "poder", cuando no existe poder sin responsabilidad, y se ven como excluyentes la corrupción política y el desarrollo económico cuando son causa-efecto. Ninguna empresa con seriedad suficiente va a invertir en una comunidad como la nuestra con cerca de mil políticos imputados, la cantidad de dinero negro que fluye, los niveles de impuestos, el inmovilismo gubernamental y el poco futuro que nos espera con el continuidad de políticas que se han mostrado claramente ineficaces durante décadas.
Por un lado, en Andalucía se pierde más el tiempo en poner la lupa en una corrupción política partidista y de sesgo privado para tapar o, directamente, silenciar otra institucionalizada con dinero público, cuando se debería haber tratado con la misma intensidad y repercusión ambas. Uno no está a favor de un tipo de asesinato o de otro; está en contra de cualquier asesinato u otro crimen. Por ende, todos debemos estar en contra de cualquier tipo de corrupción en la sociedad española y andaluza, en particular.
Cuando veo que en determinados foros o tertulias se justifica o se relativiza un robo, pero se cargan las tintas contra otro, sinceramente me parece de una inmoralidad absoluta y me lleva a pensar que los niveles de corrupción tienen predicamento en casi todos los estamentos y parcelas de la sociedad andaluza.
La corrupción civil
Los contra-principios y falta de valores que favorecen la corrupción civil pueden ser la carencia de un paradigma institucional impoluto, un desprecio absoluto al bien común, la lentitud en los mecanismos judiciales, el silencio social y la inacción sectaria, la complicidad vergonzosa de los sindicatos, el poco prestigio social que tiene el no corrupto -incluso tachándolo de tonto-, la impunidad de la que hacen gala los corruptos y modelos sociales permisivos con esas prácticas, etc.
Se ven como normales praxis como el fraude fiscal, el dinero negro, intentar conseguir ayudas, aunque no se tenga derecho a ellas, aprovecharse de lo público como si no tuviera que pagarse de los impuestos de todos. El consabido "quien no roba es porque no puede". Por ende, hay una cultura de la tolerancia al corrupto que debe cambiarse por el bien de todos con campañas de concienciación en el ámbito público, en las escuelas con programas específicos.
Sin embargo, de todos es sabido que el nivel de corrupción de un país o región se define por los niveles culturales, económicos y de progreso de sus ciudadanos, cuyos pilares podrían ser la educación, la interiorización de las normas, las instituciones garantes del Estado de Derecho y la separación de los poderes. Definitivamente, por preocupantes índices de corrupción que son evidentes, nos queda mucho por andar en su prevención y castigo, por no hablar de eso que llaman democracia, ética, moral y autorrespeto.
Veamos sólo una cadena de más, menos para señalar las consecuencias de la situación política actual andaluza: los valores son abstractos que se miden en grado, llenándose o vaciándose como un fuelle. A mayor corrupción, más negligencia, más desnaturalización, más frustración, mayor impotencia, menor seguridad, más desconfianza social y menos solidaridad, más inestabilidad social, menos identificación, compromiso y participación subiendo la abstención, más radicalismos emergentes, más fraude fiscal, mayor evasión de capitales, más dinero negro, más aceptación y normalización de la misma corrupción, menos educación en valores cívicos, más decadencia, menos evolución y desarrollo, etc.
Corrupción política
Como aproximación, la corrupción política es un abuso y mal uso del poder a cambio de una gran variedad de productos económico-políticos, ya por un individuo, ya por el partido en el poder. No sólo eso, sino que quien la apoya, la tapa y la mantiene es cómplice de esa corrupción, como vimos que pasó con IU y ahora con C´s.
Desde mi punto de vista, hay un gazpacho conceptual buscado para confundir a la sociedad civil en homogeneizar ese cajón de sastre que es la "corrupción política". El estado de opinión que se pretende establecer, en primer lugar, que el Estado de Corrupción es cosa del pasado, mutando a otros seres los mismos que presuntamente han robado a manos llenas; por otro, que da lo mismo robar 16 millones que miles de millones; que no hay responsabilidad político-social del corrupto y menos, ético-moral al admitir el desconocimiento del delito, que no van a sufrir los que callaron, miraron para otro lado las consecuencias políticas, sociales, económicas, prestigio, etc. Una auténtica barbaridad griñaniana.
Otro patrón de esa manipulación conceptual que sufrimos es la judicialización de la política, rompiendo con el sentido de la política misma. Otro ejemplo es la pretendida identificación de lo público y lo privado, cuando son diametralmente opuestos: lo hemos visto con la Ley del Enchufismo de Griñán, que metió a 30.000 enchufados, sin pasar por las obligadas oposiciones, para el acceso a la Administración. Ahora vuelve a decir lo que no cumplió en su anterior mandato: reducir la Administración paralela de los 30.000 hijos de San Telmo.
Otro ejemplo es el bochornoso escenario de los ERE con las declaraciones de los máximos responsables en el Tribunal Supremo, afirmando el desconocimiento del delito o con un despropósito sin precedentes, negando la existencia de los ERE mismos -"nunca hubo un ERE falso" Antonio Fernández dixit-. Este señor se quedó, por lo visto, en la fase inicial de la negación.
En definitiva, una sociedad sana no puede, bajo ningún concepto, aceptar que en sus instituciones públicas campen el enchufismo, la mentira más descarnada, el clientelismo, el nepotismo, el despotismo, el tráfico de influencias, el soborno, la malversación de fondos públicos, la falsedad documental, la extorsión, información privilegiada, la prevaricación, la impunidad, etc. sin que haya un castigo en votos, un ostracismo político y regeneración en sentido fuerte.
Es responsabilidad de todo el pueblo, en su conjunto, elegir políticos que nos garanticen el interés común sobre la lógica centrífuga de partidos, la limpieza de las instituciones, la creación y puesta en marcha de leyes que controlen y castiguen ejemplarmente esas actuaciones delictivas y eliminen, por ejemplo, los aforamientos que favorecen tres niveles de Justicia, según haya o no aforamientos. Esa es la función básica de una ley: prevenir actuaciones dañinas en las distintas parcelas y castigarlas si se producen. Leyes que deben determinar la naturaleza de la corruptela, tipología y endurecer las medidas de controles públicos y las consecuencias civiles, penales con carácter retroactivo y administrativas, entre las que deberíamos incluir la pérdida de cualquier pensión o retribución derivada de los cargos públicos corrompidos, como ejemplo.
Sine nomine
Dicho lo cual, los mismos C´s han celebrado que el partido que históricamente tiene miles de millones ignotos en casos de corrupción, el mayor número de imputados y con más altos cargos en todo tipo de tribunales ha pactado firmar el decálogo anticorrupción de Rivera a cambio de la investidura de Susánida en segunda vuelta. Sin palabras.
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