Desinfección del PSOE andaluz

En Andalucía, y quizá en el resto de España por los efectos que pudiera tener de cara a las próximas elecciones, uno de los temas de máxima actualidad es la posible –o no- investidura de Susana Díaz como Presidenta del nuevo Gobierno andaluz. Para ello, necesita el apoyo de alguno o algunos de los partidos políticos que igualmente han obtenido representación en el Parlamento andaluz.

Si los diputados de dichos partidos (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) tuvieran un mínimo de pudor y voluntad innegable de regenerar las instituciones públicas andaluzas, deberían no sólo rechazar
cualquier tipo de acuerdo con los dirigentes del PSOE-A, sino que deberían alejarlos del poder ejecutivo durante muchos años, los suficientes para que se “desinfecte” en profundidad el partido, se genere un mínimo de intelectualidad política en sus dirigentes, y los ciudadanos descubran que existe vida más allá del PSOE-A.

Los diputados andaluces no tienen más que leer los artículos que hemos publicado en este diario digital, subrayar lo más relevante de los Informes de la Cámara de Cuentas sobre la gestión – por llamarlo de alguna manera- que han realizado los gobiernos anteriores del PSOE-A, y terminar de leer el presente artículo para encontrar razones muy poderosas que justifican dejar en el ostracismo a tanto vividor de lo ajeno. Si aún no han entendido el mensaje del electorado andaluz, no merecen estar en el Parlamento.

En este artículo les señalo, una vez más, las desvergüenzas de un partido que no muestra voluntad alguna para cambiar la situación ruinosa a la que nos ha llevado a los andaluces en estos 33 años de gobiernos.

He escuchado decir a algunos “sordos y ciegos” que lo que ocurre en Andalucía también ocurre en otras Comunidades españolas; pero cuando les pido que lo demuestren se acaba la controversia.

Les voy a recordar un simple dato. Este es un fragmento de una noticia publicada por la Agencia EFE el pasado 23 de marzo,  sobre un informe elaborado por el Ministerio de Empleo para la Juez Alaya en el caso de los cursos de formación: 

"......Para llegar a esa conclusión, el inspector hace una comparativa de las normas empleadas en los cursos de formación con compromiso de contratación de Asturias, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra.

Destaca que la establecida por la Junta de Andalucía en 2009 era distinta porque permitía que las entidades contratantes fueran las beneficiarias de las ayudas "o bien cualquier otra". Ese matiz "distorsionador" de la norma andaluza permitía que el compromiso de contratación no fuera "más que una mera declaración de buenas intenciones, en el mejor de los casos, o en el peor, un procedimiento urdido maliciosamente en connivencia con el solicitante para aparentar el cumplimiento de los requisitos de subvención", explica el inspector." 

Este es un caso de tantos que refleja lo que ocurre en Andalucía: es mucho más grave de lo que creen en otras Comunidades. Y el presente artículo demuestra igualmente como el Gobierno andaluz vuelve a destacar, en lo negativo, respecto al resto de Comunidades españolas.

En el Acuerdo 1/2010, de 22 de Marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, se indicaba que la Unión Europea ha abierto a España un procedimiento de déficit excesivo (PDE) como consecuencia del deterioro de las finanzas públicas (gasto excesivo en comparación con los ingresos), estableciendo como objetivo a alcanzar en 2013 un déficit del 3 por ciento, que implica una senda de ajuste mínimo anual de 1,5 puntos del PIB. Para lograr el objetivo de reducción del déficit, en dicho Acuerdo se manifestaba que se adoptarán, respetando las competencias y autonomía financiera de cada Administración, las medidas de ingresos y gastos públicos que refuercen los principios de eficiencia, austeridad y transparencia en el gasto público y garanticen la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo, para lo cual los planes económico financieros de reequilibrio de cada Administración se ajustarán a este compromiso. Y la Junta de Andalucía aprobó el suyo, el cual ha sido actualizado.

Asimismo, en el citado Acuerdo se indicaba que en el plazo de tres meses desde la aprobación del Plan de acción inmediata de la Administración General del Estado para 2010, el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobará un Plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del Sector público empresarial estatal que, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, conllevará las supresiones, refundiciones o reestructuraciones de los órganos que resulten necesarias.

De forma similar, en el plazo de tres meses desde la aprobación de dicho Acuerdo Marco por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas aprobarán un Plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público.

Como ven ustedes, los mal llamados “recortes” que cada día recrimina el Gobierno andaluz -y algún que otro partido- al Gobierno de Rajoy, no constituyen medidas adoptadas por capricho, sino aprobadas por Acuerdos de dicho Consejo ante la posibilidad de que la Unión Europea abra un procedimiento de déficit excesivo. Y todo ello porque la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Unión Europea obliga a ese cumplimiento respecto al déficit público.

No es únicamente “austeridad” lo que se está exigiendo desde Europa, sino “racionalización del gasto”, a fin de no tener un endeudamiento excesivo que hipoteque la vida de las futuras generaciones. ¿Acaso las familias pueden endeudarse sin tener en cuenta los ingresos que tienen y su capacidad de generar nuevos ingresos? A las Administraciones les ocurre igual: un gasto excesivo conlleva nuevos endeudamientos, y estos deben basarse en los ingresos que tienen y en su capacidad de crear nuevos ingresos.

Si Andalucía tiene el índice de paro más elevado de toda Europa, ¿qué capacidad tiene de generar nuevos ingresos? Estos ingresos dependen, entre otros factores, de la actividad económica, del empleo y del consumo. Si el consumo desciende, hay menos ingresos de impuestos indirectos; si no hay trabajo, no hay ingresos por IRPF. ¿Tiene Andalucía un modelo productivo que le permita generar la riqueza suficiente como para poder endeudarse? No, rotundamente no con los datos actuales, y sin luchar seriamente contra la economía sumergida, menos aún. Por tanto, habiendo subido desmesuradamente los impuestos y tasas, deben adoptarse medidas en cuanto al gasto público, centrándose fundamentalmente en las sobredimensionadas estructuras administrativas inútiles e ineficientes.

Pero el Gobierno andaluz ha optado por otra vía: no reducir el gasto desmesurado de su sector público, el de la administración paralela (personal, alquiler de sedes, gastos de funcionamiento, etc.), y en su lugar, reducir los gastos en sanidad, en asuntos sociales, en educación, en investigación, en inversiones, etc. 

Para enmascararlo, culpa a otros de los “recortes” que el mismo Gobierno andaluz realiza. Y curiosamente, ese otro es especialmente el Gobierno de la nación –el de Rajoy, no el de Zapatero-. Lamentablemente, hay ciudadanos que repiten como papagayos esta proclama del Gobierno andaluz, cuyo objeto es ocultar su demostrada incapacidad para gestionar eficientemente los recursos públicos y generar los elementos necesarios para crear riqueza, así como disimular la inmensa corrupción que ampara y alienta. El PSOE-A no tiene remedio, y todavía algunos partidos políticos titubean con un posible apoyo a Susana Díaz en el Parlamento… ¡Que necesitan una urgente "desinfección"!

¿Y por qué se niega el PSOE-A a reducir esa administración paralela que duplica el gasto en estructuras y funcionamiento, y pide al Gobierno de Rajoy que le permita endeudarse más? Porque lo que pretenden los dirigentes del PSOE-A es gastar sin límite para seguir comprando voluntades y votos, ya sea con la administración paralela o subsidiando a la población andaluza. No sabe hacer otra cosa. Y visto lo visto, como bien ha manifestado mi admirado Eduardo Maestre en este diario, ¿Podemos y Ciudadanos sólo piden las cabezas de Chaves y Griñán, aderezándolo con algunas medidas frívolas, para apoyar la investidura de Susana Díaz?

A continuación les demostraré, con los datos que el propio Gobierno andaluz ha facilitado al Ministerio de Hacienda, en qué ha consistido la racionalización de las estructuras del sector público andaluz, administrativo y empresarial, en comparación con otras Comunidades Autónomas.

Como consecuencia del mencionado Acuerdo de 2010 del Consejo de Política Fiscal, el Gobierno andaluz aprobó su Plan de reordenación del sector público andaluz, que tuvo su reflejo en el Plan Económico Financiero 2010-2013 que presentó igualmente para adecuarse a los objetivos de déficit público impuestos desde la Unión Europea.

Las tablas que se exponen a continuación proceden del Informe sobre la Reordenación del Sector Público Autonómico (situación a 1 de julio de 2014), elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, y resumen los datos comparándolos con los del resto de Comunidades Autónomas. Los datos detallados de los entes que se extinguen, fusionan o absorben los tienen ustedes disponibles en el Anexo del citado Informe.

 TABLA 1.- Situaciones efectivas en nº de entes, a 1/7/2010 y 1/7/2014, comparadas con la prevista

TABLA 2.- Reducción de personal y ahorros estimados por extinción de entes y por medidas de reestructuración, en periodo 2011-2015.

Respecto a los datos sobre Andalucía de las tablas anteriores he de significar lo siguiente:

a) Andalucía es, después de Cataluña, la Comunidad con más entes instrumentales, y aún reduciendo su número, queda muy por encima del resto. Las bajas por extinción de entes resulta ridícula en comparación con las otras Comunidades, y el ahorro estimado de 12 millones de euros en comparación con los 862, 704, 299, 41 o 40 millones de las Comunidades de Madrid, Valencia, Cataluña, Castilla y León y Navarra, resulta aún más grotesco.

b) Muchos de los entes extinguidos desde 2011 corresponden a entes que no tenían ya ninguna actividad, y algunos de ellos han sido absorbidos por otros existentes. De hecho, los efectivos dados de baja por extinción ascienden en total a 37 personas.

Entre los entes extinguidos tenemos a Linares Fibras Industriales SAU, en liquidación; Fomento Empresarial, S.A; Empresa para la Incorporación Social FUNDAGRO, S.L.; Fundación Gastronomía de Andalucía; Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.; Andalucía Aeroespacial, S.A.; Ingenieria y Calidad del Sur, A.I.E.; S. Desar. Energético Andalucía (SODEAN); Santana-Motor, S.A., en liquidacion; C. Prom. del Empleo Prov. Cádiz; Consorcio para el Desarrollo Rural de La Loma; Andalucía 21, Fondo de Capital Riesgo; Unidades Móviles Andaluzas, S.A.; Marinas Puerto de Málaga, S.Prom. Plan Especial Pto. Málaga, en liquidación; Fundación Málaga Ciudad Cultural; C.Ctro.Investigación y Formación Agricultura Ecológ. y Desarrollo Rural; Iniciativas Leader Alpujarra, S.A.

c) De los 132 entes que se han considerado bajas del sector público, 95 de ellos corresponden a las UTDLT -Unidad Territorial Empleo y Desarrollo Local-. Y lo más significativo de la cuestión es que no son entes del sector público de la Junta de Andalucía, sino que son Consorcios de la Administración Local. Así los ha considerado la propia Junta de Andalucía en su inventario de entes públicos, la Cámara de Cuentas y el mismo Tribunal Supremo en las sentencias sobre los despidos de los agentes locales de promoción de empleo –ALPES- que trabajaban en las UTDLT, dictaminando que fueron despedidos en “fraude de ley”, otra ilegalidad más de tantas cometidas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda los ha considerado Consorcios de la Junta de Andalucía a efectos de la reestructuración de su sector público (?!). Por tanto, en realidad serían 37 los entes dados de baja en la Junta de Andalucía.

d) En cuanto a la reducción de personal de entes que subsisten, aparecen como bajas un total de 778 personas. Si se han considerado en este cómputo a los más de 700 ALPES que han sido despedidos en fraude de ley según el Tribunal Supremo, el cómputo quedaría muy reducido, pues dicho personal ha de ser readmitido en el Servicio Andaluz de Empleo, ente que debía absorber dicho personal conforme al Plan de reordenación que aprobó el Gobierno andaluz.

Y por cierto, la única empresa pública (Agencia AVRA) que redujo su personal directivo de manera significativa la dirigía IU en el pacto de gobierno que mantuvo con el PSOE-A en la anterior legislatura. Los entes dirigidos por el PSOE-A se han mantenido prácticamente intactos.

Por tanto, a la vista de todos los datos expuestos, comparándolos incluso con las de otras Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que en Andalucía hay ocho provincias casi con un quinto de la población española, la conclusión es obvia: la supuesta reestructuración del sector público llevado a cabo por la Junta de Andalucía es una gran farsa, un engaño más del Gobierno andaluz, que se niega a reducir sus Agencias, Sociedades, Fundaciones, etc., a fin de mantener el entramado que sostiene el Régimen, así como de seguir amparando y alentando la corrupción, y proteger la financiación del partido mediante el pago de nóminas de los muchos afiliados al PSOE-A y a UGT que trabajan en estos entes. Y si fuera mentira lo que acabo de afirmar, así como todo lo que he revelado en mis anteriores artículos, ¿por qué nadie me ha denunciado aún en los Tribunales de Justicia? No lo harán, porque sería muy fácil probarlo todo, y quedarían en evidencia. Es otra demostración de la certeza de mis afirmaciones. 

Si después de todo lo dicho, los dirigentes de los partidos PP, Podemos, Ciudadanos e IU aún tienen dudas sobre apoyar o no la investidura de Susana Díaz, es mejor que abandonen la política. No es posible pactar con un partido infectado que no ofrece nada a los andaluces, salvo más corrupción y ruina.