Dos días de vacaciones y un par de huelga

Artículo de Paco Romero

En medio del trimestre más corto del año, la Educación Andaluza ha sufrido, en apenas una semana, un recorte del 10 % de días lectivos de su calendario escolar.

El Sindicato de Estudiantes ha unido al Día de la Comunidad Educativa del pasado viernes y del “día no lectivo” de ayer, dos jornadas de huelga “contra el decreto 3+2, con el que el ministro Wert pretende destruir la universidad pública”.

Según “el” sindicato vertical estudiantil la huelga ha recibido un apoyo masivo y contundente: “Miles de institutos y cientos de facultades están completamente vacías”. Por su parte, Wert ha calificado el seguimiento de minoritario. Parece claro que ni una cosa ni la otra.

Pretendemos hoy aportar algo más de luz sobre un asunto del que todo el mundo habla con desdén, con la petulancia y vanidad del que se cree en poder de la verdad aun ignorándolo casi todo.

Los aspectos negativos de la norma se asumen con facilidad por la mayoría, obviándose aparentes bondades, que -¡oh, sorpresa!- también resplandecen como tendremos la oportunidad de corroborar a continuación.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, aprobó el pasado 30 de enero el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula las enseñanzas oficiales de doctorado.

En sus respectivos procesos de adaptación a Bolonia, la mayor parte de los países adoptaron desde el inicio un sistema flexible mediante el cual las titulaciones de Grado se sitúan entre 180 y 240 créditos y las de Máster entre 60 y 120 créditos. Es decir, en la universidad española cohabitan Grados de 3 y 4 años de duración y Máster de 1 y 2 años.

España, por su parte, prefirió en 2006, en contra de la propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, un sistema rígido de 240 créditos para los Grados y de 60 para los Máster (4 años de Grado y 1 de Máster). Decían entonces los rectores y nadie osó pronunciar las palabras insensatez, disparate o huelga, ni ninguna otra que se le asemejara: “Podría optarse por una posición más flexible en la que existieran Grados entre 180 y 240 créditos. No está claro que todos los Grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos”.

Pero no, aquel gobierno optó por el sistema 4+1, que constituye la excepción en el ámbito europeo y que comparten muy pocos países, entre ellos Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Kazajstán, Rusia y Ucrania, siendo Grecia el más cercano a nosotros física y culturalmente.

Lo que pretende el nuevo Real Decreto, en contra de todos los criterios y razonamientos, es converger con la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. Y así, la modificación llega con el beneplácito de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estado, ambos órganos consultivos en la materia.
Resulta, asimismo, que, por imperativo europeo, el 30 % de las titulaciones -las relacionadas con Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Salud- está sometido a una normativa que fija su duración, por lo que no se ven afectadas por este Real Decreto.

Por otra parte, el sistema en vigor produce sustanciales disfunciones en el reconocimiento mutuo de títulos, motivo por el que el bisoño real decreto pretende facilitar la realización de Máster en el extranjero de forma acorde con los Máster impartidos en España y no como hasta ahora en el que nuestros estudiantes, si deseaban realizar estudios de doctorado en las universidades extranjeras, se veían forzados a cursar complementos formativos, en definitiva, nuevos Máster a sumar a los realizados previamente en territorio patrio, al no reconocerse los aquí impartidos. Otra de las aspiraciones de la nueva vía es facilitar el acceso de extranjeros a nuestras universidades, además de alcanzar acuerdos para la obtención de dobles títulos (Grado o Máster) entre las universidades españolas y el resto de las europeas.

Pero lo que resulta definitivo y trascendente e, increíblemente, se enmascara u oculta es que el sistema flexible que proyecta introducir el Real Decreto es -¡cosas de la semántica!- flexible, o sea elástico, moldeable, variable, y así resulta que serán las universidades y solo las universidades -dentro del marco de su autonomía- las que decidan qué Grados se pueden reducir a 180 créditos y cuándo implantarlos. Por lo tanto, es un sistema voluntario, sin plazo para su ejercicio. De lo que se trata es de poner en manos de las universidades otra herramienta para que, una vez valorada, sin prisas y sin imposiciones, puedan y quieran implantar esta opción de forma gradual. En definitiva, le dice a los rectores y a la comunidad universitaria: “Ahí tenéis, como ocurre en Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña o los países nórdicos, un instrumento más; lo tomáis o lo dejáis”... Y, como sabido es que toda la ciencia, la ilustración, la erudición progresista copa los departamentos de las universidades, no habrá problemas de cara al “pueblo”: se dan las gracias, se rechaza y no se instaura, sencillamente porque “ahora no toca lo que antes se demandaba”.