Artículo de Antonio Barreda
La asociación Justicia por la Sanidad convoca manifestación a las 12:00 horas del 15-O en Granada bajo el lema dos hospitales completos y una sanidad digna para Andalucía, comenzando en la Avenida del Sur. A estas alturas, por la deriva de la sanidad andaluza, es imperativo que todos acudamos el día 15-O a Granada. Desde hace varias semanas hemos estado publicando una radiografía del estado de la sanidad en Andalucía, con profusión de datos públicos. La sanidad no es la joya de la corona que nos ha estado publicitando la presidenta de la Junta de Andalucía, sino que es un sistema público de salud al que se le han roto, a la vez, todas las costuras.
Las peticiones de la Asociación Justicia por la Sanidad, entre otras, para la convocatoria de la manifestación el próximo 15-O se
resumen en diez puntos.
1.- Delimitación de las dos zonas hospitalarias.
2.- Conocer las ratios de profesionales y
camas por pacientes y restitución de las plantillas.
3.- Cese de los jefes de servicio implicados
en la fusión.
4.- Nombramientos de los nuevos equipos
directivos de los hospitales.
5.- Destitución y elección de las juntas
facultativas y de enfermería.
6.- Publicación actualizadas de las listas de
espera, quirúrgicas y diagnósticas.
7.- Publicación de recursos, efectivos y
equipamientos de ambos hospitales para comprobar su simetría.
8.- Fecha de cierra de San Cecilio y
funcionalidad futura.
9.- Instalación urgente e inmediata de un
acelerador lineal en el hospital del Campus.
10.- Priorizar la adecuación de un espacio
digno, funcional y adecuado para los pacientes oncológicos.
Otra de las banderas que enarbola para la
manifestación del 15-O la asociación Justicia por la Sanidad es su rotunda negativa a la Ley de Garantías y
Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Miembros de la Asociación
Justicia por la Sanidad y de la Asociación Huelva por una Sanidad Pública Digna
ya han ido al Parlamento de Andalucía a exponer sus tesis de rechazo a esta Ley
ante los grupos políticos representados en el Parlamento. Tan solo Podemos, a
través de Teresa Rodríguez, en una carta dirigida a Jesús Candel y publicada en
Facebook, ya ha adelantado su No a esta Ley. Una Ley que no deja de ser un
acuerdo de intenciones, que deja todo en el aire, y lo peor es que quiere dar
carácter de legalidad a las Unidades de
Gestión Clínica como soporte del sistema sanitario, a pesar de que los
diversos tribunales de Justicia han ido tumbando una y otra vez los
nombramientos de estas unidades que están en un limbo legal de dudoso encaje.
Una Ley que va a ser objeto de análisis profundos en El Demócrata Liberal.
Lo que sí está claro es que la llama que
encendió Jesús Candel, Spiriman, en Granada ha prendido por toda Andalucía en
una mecha imparable para hacer ver a los andaluces que la joya de la corona es una quimera que nos venden desde el Palacio
de San Telmo. Algunos de los datos son para que al gobierno andaluz se le caiga
la cara de vergüenza. Pero aquí, en Andalucía, la prensa adicta al régimen solo ve aquello que quieren que vea,
solo cuenta aquello que quieren que cuente. Y los cuentos, cuentos son, Susana.
Vamos a recordar a continuación los datos y las consecuencias de los recortes y
de la mala gestión de los responsables de la sanidad andaluza.
Hace unos días el sindicato CC.OO. publicaba su
informe sobre el análisis del presupuesto sanitario de 2017, dejando titulares
que silencian cualquier manifestación positiva sobre la joya de la corona de
Susana Díaz. Está claro que la
sangría en sanidad ha sido masiva desde 2010, siendo generalizada con la
llegada del PP al poder y los recortes impuestos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-Ley 16/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El
informe de CC.OO. alerta sobre la destrucción de empleo en el sector sanitario
público de Andalucía, según los datos oficiales que constan en el Boletín
Estadístico de Personal que se publica en el ministerio de Hacienda y
Administración Pública, ha sido constante por parte de la Junta de Andalucía. En 2010 había 95.429 trabajadores en la plantilla sanitaria de Andalucía, pasando a 91.037 en 2017, con lo que se han eliminado 4.357
puestos de trabajo entre los años 2010 y 2017, siendo la reducción especialmente dramática en Sevilla con un 10,92%
de reducción de personal (24.437 trabajadores en 2010 frente a 21.769 en 2017)
y en Málaga con un 8,69% menos en personal (17.134 trabajadores
sanitarios en 2010 frente a 15.645 en 2017). En cuanto a
niveles asistenciales, la reducción de empleo es más acusada en el ámbito de
la atención hospitalaria con respecto a la atención primaria (un 7,95%
frente a 2,90%) y, por categorías, la pérdida ha sido más intensa en la de
Enfermera (8,87%) y Auxiliar de Enfermería (11,98%) y en el personal de Gestión
y de Servicios, con especial incidencia en el colectivo de Oficio (28,46%).
El estudio revela también que Andalucía es la
segunda comunidad autónoma, tan sólo detrás de Cataluña, en la que más se ha
recortado desde 2010. Así, Andalucía es la que más diferencia acumulada de
presupuesto ha registrado de haberse mantenido el presupuesto sanitario de 2010
durante cada uno de los años sucesivos, con un recorte acumulado en todos estos ejercicios de 6.701 millones de euros. Respecto al presupuesto de 2017, el
informe de CCOO señala que es 500 millones de euros inferior al de 2010,
habiéndose producido en los años 2013 y 2014, coincidiendo con la implantación
de la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía, recortes del 10,03% y 3,19% -muy
superiores a las medias de los recortes estatales de cada uno de esos dos años
(5,89% y 0,21%).
A pesar de haber incrementos presupuestarios en
materia de sanidad en Andalucía, desde 2015 hasta 2017, superiores incluso a
los experimentados en promedio en el conjunto del Estado, con incrementos del
3,09%, 4,35% y 5,66% en 2015, 2016 y 2017 respectivamente, el presupuesto
actual claramente es insuficiente para atender a las necesidades sanitarias de
la población andaluza. Para CC.OO. se
requiere como mínimo superar los 10 mil millones de euros
en los que se movía el presupuesto de 2010.
El informe de CC.OO. señala también que estos
recortes presupuestarios tienen incidencia en varios apartados que recoge el
estudio. En este sentido, Andalucía es la tercera comunidad autónoma, superada
por Cataluña y Valencia, que más diferencia acumulada de presupuesto en el
Capítulo 1 (gastos de personal) ha registrado de haberse mantenido el
presupuesto sanitario de 2010 durante cada uno de los años sucesivos, con un
recorte acumulado de 1.322 millones de euros. Además, es la segunda, tras
Castilla La Mancha, que tiene un porcentaje más negativo del Capítulo 6
(inversiones) con respecto al año 2010 (saldo
negativo de un 78% menos en inversiones).
Por otro lado, el informe indica que los desfases
entre los presupuestos aprobados y los gastos reales derivados de su aplicación
que se han registrado en Andalucía, aun siendo de menor cuantía que los
promedios estatales, han ido incrementándose en los últimos años hasta alcanzar
el 8,26% en 2015. Por otra parte, hay que destacar el incremento del gasto
sanitario de los hogares en 2015 con respecto a 2010, con lo que las familias han venido pagando de su
bolsillo el recorte del 4,07% en el porcentaje sobre el PIB del gasto sanitario
de las administraciones públicas y de las aplicaciones de las medidas negativas
del RD 16/2012, como los copagos
farmacéuticos y de productos sanitarios.
Los recortes sanitarios de la Junta de Andalucía.
La estadística del gasto sanitario
público publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, demuestra la caída del gasto sanitario en
Andalucía. El mayor gasto de sanidad en Andalucía los últimos años, según
la serie histórica, se produjo en 2008, el año que empezó la crisis, con 10.336
millones de euros, a partir de aquí, la joya de la corona de Susana Díaz sufre
un retroceso en gasto brutal del gasto sanitario, siendo el año 2014 donde se
produce el mayor recorte sanitario con 8.748 millones de euros. Es decir, que entre 2008 y 2014 la Junta de Andalucía
dejó de gastar en sanidad 1.588 millones de euros.
El mayor gasto sanitario se produce en materia de personal, así, mientras
en 2009 se gastaron 4.999 millones de euros en retribuciones, en 2014 las
mismas pasaron a 4.156 millones de euros, lo que nos indica que se ahorraron 843 millones de euros en
retribuciones del personal sanitario, lo que nos habla a las claras de la
disminución y ahorro de personal sufrida por el SAS en todos estos años.
En cuanto a los conciertos sanitarios, el máximo se dio en 2009 con un gasto de 515
millones de euros, bajando a 385 en 2013, de nuevo subió en 2014 a 424
millones de euros, para luego bajar a 397 millones de euros.
En cuanto a los mayores recortes de
los servicios sanitarios durante los últimos años, hay que indicar que el mayor
gasto de la serie en servicios
hospitalarios y especializados se produjo en 2008 con 5.805 millones de
euros, mientras que el menor gasto se realizó en 2013 con 5.343 millones de
euros, lo que nos da un recorte en estos
años de 462 millones de euros.
En el gasto de servicios primarios de
salud en 2008 el gasto fue de 1.812 millones de euros, mientras que el menor
gato se produjo en 2014 con 1243 millones de euros, lo que significa un recorte en estos servicios primarios de
salud de 569 millones de euros.
En cuanto al gasto de farmacia, el
mayor gasto se produjo en 2010 con 2.281 millones de euros, mientras el mínimo
se realizó en 2015 con 1.673 millones de euros en gasto farmacéutico. Lo que
arroja una cifra de 608 millones de
euros menos en Farmacia. Hay que recordar que el gobierno andaluz creó la
famosa subasta farmacéutica – avalada recientemente por el Tribunal
Constitucional – en el año 2011 mediante el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación
farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
El insuficiente aumento del gasto sanitario en Andalucía.
El pasado mes de agosto se publicó en
el Ministerio de Sanidad la estadística de los Recursos Económicos del
Sistema Nacional de Salud. En las mismas se señala que la Comunidad
Autónoma de Andalucía cuenta en 2017 con un presupuesto inicial para sanidad de
9.326 millones de euros. Es la Comunidad Autónoma con el presupuesto más alto,
pero también es la que tiene mayor población y por ello necesita más inversión
sanitaria. Al comparar el presupuesto con 2016 el mismo ha subido en un año tan
solo 500 millones de euros. Pero el presupuesto de 2017 queda aún lejos
de los presupuestos del 2008 al 2012, ya que tras este último año se
produjo un recorte brutal en el sistema sanitario público.
En 2008, el año del inicio de la
crisis el presupuesto en salud fue de 9.565 millones de euros, en 2009 fue de
9.826 millones de euros, en 2010 de 9.827 millones de euros, en 2011 de 9.379
millones de euros y en 2012 de 9.420 millones de euros. Entre 2014, el
año de menos presupuesto sanitario y 2017 se ha incrementado el mismo en 1.122
millones de euros. Tras arreglar el resto del mandato con Ciudadanos tras
la firma de la reforma del impuesto de sucesiones, Susana Díaz anunció que el
presupuesto sanitario para 2018 aumentará en 500 millones de euros. Con
ellos se igualaría a los 9.826 millones de euros del presupuesto de 2009.
Estas medidas de aumento se deben,
indudablemente, a la movilización ciudadana que ha descubierto
que la joya de la corona sanitaria no era tal y como la vendía la Junta de
Andalucía. Aunque aumenta el gasto también aumenta el caos sanitario por la
deficiente gestión de los responsables de Salud, que hace unos meses fueron
cesados y recolocados. Al exconsejero Aquilino como responsable de la Agencia
Andaluza de la Energía y al exviceconsejero de Salud Martín Blanco a la
presidencia del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja en Sevilla.
Andalucía es la que menos invierte en sanidad por habitante.
Y a pesar de todo el gasto que se realiza por
parte de la Junta de Andalucía en materia de salud, esta sigue siendo
absolutamente insuficiente. Andalucía es la comunidad autónoma que menos
invierte por salud y habitante. Tan solo 1108,98
euros por persona en 2017, alejada de la media española de 1264,08 euros
por persona, y muy lejos de los 1.670
euros por persona invertidos por el País Vasco, de los 1.635 euros de la
Comunidad Foral de Navarra o del Principado de Asturias con 1586,64 euros.
La inversión andaluza en euros por habitante
en salud se ha incrementado tan solo en 58,65
euros sobre el gasto de 2016 y 101,94 euros respecto de 2015.
Aumentan las
listas de espera en la sanidad andaluza.
A pesar de invertir más dinero en sanidad entre 2017 y el futuro
presupuesto de 2018, casi 1000 millones de euros, las listas de espera demuestran que la gestión sanitaria en Andalucía
es un caos de difícil solución derivado de la errática planificación sanitaria
de los últimos años donde primaban los recortes y la economía antes que las
personas en Andalucía.
El pasado mes de septiembre supimos que las listas de espera han aumentado
en Andalucía producto de una mala gestión unida a una falta de inversiones
reales en salud. La cifra de
pacientes que actualmente están a la espera de una llamada para intervenirse se
sitúa en 69.005 personas, 3.271 más que
hace un año, de las cuales 62.399 tienen garantizados unos tiempos máximos
de respuesta de 180 días para las operaciones “no urgentes”, 120 días para las
“frecuentes” y 90 días para las relacionadas con patologías cardíacas. Todo
este grupo de pacientes ha crecido en 3.312 personas con respecto al ejercicio
anterior, lo que supone un incremento de las listas del 5,6%.
También ha aumentado el
tiempo que los pacientes esperan para entrar a quirófano, que se sitúa a fecha de hoy en 66 días para las operaciones no urgentes siete
días más en un año, 52 para las
frecuentes otros siete días más que el año pasado y 65 para las cardíacas (el pasado año no estaba en vigor esta
garantía). No solo las intervenciones han empeorado en los últimos doce meses. La lista de espera para la primera consulta
con el especialista asciende a 206.765 personas, un 4,9% más, que aguardan de media 52 días, por los 45
del pasado año. En cuanto a la realización de las pruebas diagnósticas como son radiografías, TAC o ecografías, la cifra de personas pendientes es
de 31.254 (un 3,8% más). Y el tiempo de respuesta se ha
disparado de los 18 días del pasado ejercicio a los 34 actuales.
La solución del SAS
para remediar el sangrante aumento de las listas de espera la conocimos hace
unos días en forma de propuesta presentada por la dirección del Servicio
Andaluz de Salud a los representantes de los trabajadores que se sientan en la
Mesa Sectorial y consiste, en grandes líneas, en incentivar con hasta 353 euros diarios a los médicos a cambio de
prolongar hasta en siete horas más su jornada laboral. Sería, según el
proyecto, una solución de urgencia para “mejorar la accesibilidad de los
ciudadanos en espera de intervención quirúrgica” tras constatar que las bolsas
de sustituciones y contratación temporal están vacías y es “inviable” encontrar
profesionales para cubrir ausencias.
La sanidad privada
viene a hacer negocio con la sanidad pública.
Desde hace años
hemos asistido a un deterioro progresivo de la sanidad pública en Andalucía
originada por la desidia de los responsables de la Junta de Andalucía, que
durante años han dejado en evidencia su mala gestión de la sanidad. Con la excusa de la crisis económica hemos venido
sufriendo una serie de mermas profundas en nuestros derechos como pacientes de
la sanidad pública, una sanidad por la que todos nosotros pagamos vía impuestos. Los
años de la crisis han venido a ser los peores años para la sanidad pública, a
la que se está dejando morir por voluntad política.
Para solucionar las
listas de espera en la sanidad pública y a entrar a coger un trozo del pastel
de la sanidad pública, la
fundación IDIS propuso hace tan solo unas semanas que sería un costo de
alrededor de 1.500 millones de euros, el
1,5 por ciento del gasto total de la sanidad pública estatal y autonómica para
este año. En el caso de Andalucía, la fundación IDIS la
Fundación IDIS indica que liberar las listas de espera en Sanidad en el caso de
Andalucía costaría alrededor de 155 millones de euros -un 1,7 por ciento del presupuesto sanitario de
la comunidad andaluza.
La propuesta de esta fundación
propuesta era poner a disposición de la sanidad pública su red de centros
sanitarios privados con más de 2.000
quirófanos, 452 hospitales y una plantilla cercana a las 100.000 personas con
una dilatada experiencia que ya cubre el 30% de las intervenciones nacionales.
Según sus cálculos, para hacerlo posible solo habría que incrementar en una media de 3 a 4 operaciones por quirófano y día en la sanidad privada, algo
que consideran totalmente viable.
Recordemos que la
Fundación IDIS tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los
ciudadanos y poner en valor a la sanidad privada. Entre sus patronos encontramos a las principales
aseguradoras sanitarias de España, Mapfre, Segurcaixa-Adeslas, Sanitas, Caser,
DKV y un conjunto de hospitales y grupos como los Quirón Hospitales Católicos
de Madrid y otros.
La vergüenza
de la deuda histórica de Andalucía.
El 19 de marzo de 2010 en un Consejo de ministros del gobierno de
Zapatero celebrado en Sevilla se llegaba al acuerdo del pago de la Deuda
Histórica para garantizar la
prestación de un nivel mínimo de servicios transferidos y compensar el atraso económico de la región. Dicho
pago, prometieron y perjuraron durante años, antes del pago y del acuerdo final
los entonces dirigentes del PSOE de Andalucía, que irían destinados íntegramente a Sanidad y a Educación. Finalmente,
la cantidad acordada destinada en concepto de deuda histórica era de 1.204 millones.
Tras algún tira y afloja -el
Parlamento andaluz exigía entre 1.148 y 1.742 millones- la cifra, finalmente,
fue acordada a la baja. Parte de esa cantidad se abonó mediante transferencia
del Estado, aunque la gran mayoría (784
millones) fueron en especie. Se traspasó la propiedad de varios edificios y solares
abandonados por el Ministerio de Defensa a la Junta de Andalucía. Además, más del 90 por ciento de la superficie de
estos solares que se entregaron son suelos no urbanizables, por lo que si hay interés en construir tendrían antes
que ser recalificados. Y para más vergüenza de nuestros gestores políticos de
la Junta de Andalucía, siete años después de la entrega en especie, nos cuestan
dinero en forma de IBI a todos los andaluces. Esto demuestra que nos volvieron
a tomar el pelo una vez más nuestros gestores públicos de la Junta de
Andalucía.
Todos a Granada el 15-O
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