Filtraciones judiciales y derechos ciudadanos

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Si no queremos que las garantías ciudadanas de defensa al honor, aunque se trate de políticos, se nos vayan por el sumidero de la desvergüenza al vertedero de la miseria colectiva, hemos de hacer frente a esta deriva”

 “La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula los atestados e informes policiales, los cuales deberán especificar con la mayor exactitud los hechos de que se trate, aclarando que se trata de una relación de hechos y pruebas sin calificarlos jurídicamente”

Un Estado de derecho es aquel que garantiza el cumplimiento de la ley y protege a los ciudadanos de cualquier forma de arbitrariedad. La indignación ante determinados casos de corrupción política está provocando situaciones que, basadas en la repulsa ciudadana hacia los corruptos, devienen en espectáculos próximos a un populismo justiciero que rompe el principio de la presunción de inocencia, teóricamente garantizado por la Constitución.

La lucha partidaria, legítima y conveniente, no puede deslizarse hacia la visceralidad cuando se ponen en entredicho, a las primeras de cambio, la honestidad y la honra de las personas, por mucho que se trate de políticos, los cuales también tienen el derecho a ser protegidos en su honorabilidad. El juego sucio, la acusación gratuita, la sospecha apriorística y la generalización infundada de conductas perversas merecen tanto rechazo como el que provoca el nauseabundo mundo de la corrupción.
 
Venimos asistiendo a un proceso abierto en canal contra el partido gobernante que está constituyendo una auténtica "causa general", lo que es una aberración en un Estado de derecho, ya que presume que todos los miembros de un determinado partido son corruptos, por lo que han de demostrar lo contrario, acabando así con toda protección jurídica a la que tienen derecho.

Episodios recientes como el de la lamentable filtración de un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que endosaba gratuitamente una perversa conducta al Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el basado en un informe de la UCO totalmente infundado respecto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y más recientemente el de la UDEF que implica al exministro popular Manuel Pimentel, han alanceado impunemente a dichos personajes, que se han sentido desprotegidos y desamparados en la defensa de su honestidad, provocando una rotunda petición aclaratoria y, en el caso de Pimentel, la advertencia de una querella contra los autores y responsables del presunto informe.
 
Si no queremos que las garantías ciudadanas de defensa al honor, aunque se trate de políticos, se nos vayan por el sumidero de la desvergüenza al vertedero de la miseria colectiva, hemos de hacer frente a esta deriva, porque estamos al borde de que cualquier ciudadano, estigmatizado por meras suposiciones, presunciones o conjeturas, sea vilipendiado en la plaza pública. Es la forma más rápida y fácil de quitarse al enemigo de en medio, y a ella recurren sin pudor los regímenes totalitarios.
 
Creo que hay dos factores perniciosos en las actuales investigaciones sumariales: la impune filtración de los sumarios y los informes policiales desmedidos. Ambas irregularidades son el caldo de cultivo para que el cuarto poder, la prensa, arree sin piedad ni consideración a quienes tengan la desgracia, sin haber sido aún juzgados, de aparecer en los sumarios filtrados o en los informes policiales que también deben ser secretos.
 
Cuando el líder de esa fuerza emergente llamada Podemos se permite decir que "los jueces y fiscales deben estar comprometidos con los gobiernos del cambio", hemos de tener claro quienes desean acabar con las garantías propias de un Estado de Derecho y como estos utilizarían a jueces, fiscales y policías si tuvieran el mando sobre ellos. Si añadimos que la batalla política actual tiene su basamento, muy a menudo, en conjeturas y suposiciones no debidamente fundamentadas, el resultado, para quien quiere que las cosas se enjuicien con rigor, ponderación y objetividad, es la náusea y el descrédito de un sistema que no garantiza la presunción de inocencia.
 
Dejando claro que el delito hay que perseguirlo hasta su erradicación condenando a los autores del mismo, no cabe duda que esa función corresponde, en un Estado de Derecho, a los jueces. Y que mientras esa condena no se produzca, tras un proceso en el que los acusados hayan tenido la oportunidad de defenderse, las personas investigadas deben gozar del respeto que merece su presunción de inocencia. Lamentablemente eso no se produce en España donde, entre todos, hemos conseguido que cualquier denuncia implique de entrada una presunción de culpabilidad.
 
El régimen jurídico español garantiza, en teoría, que las diligencias practicadas en un sumario solo pueden ser conocidas por las partes personadas en el mismo, y si estas, sus abogados o cualquier otra persona revelasen algo sobre el particular, serán sancionados por el juez. Si quien lo revelase fuere un funcionario publico incurriría en responsabilidad penal. Con los escándalos que se están dando, no tenemos noticia de que se haya iniciado ninguna investigación o se haya impuesto alguna sanción por revelación de secretos sumariales.
 
En otro orden de cosas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula los atestados e informes policiales, los cuales deberán especificar con la mayor exactitud los hechos de que se trate, aclarando que se trata de "una relación de hechos y pruebas sin calificarlos jurídicamente". El valor de los informes policiales es el de una denuncia, y la jurisprudencia tiene declarado que "solo adquieren valor de prueba que enerve la presunción de inocencia cuando se reproduzca eficazmente en el juicio oral sometido a contradicción por la defensa del acusado". En contra de lo prescrito por la ley, los escritos policiales que se divulgan contienen calificaciones tipificando la comisión de delitos, con el escándalo subsiguiente que los mismos provocan.
 
Si queremos que nuestros derechos ciudadanos sean debidamente protegidos (porque hoy se zahiere y vitupera a los políticos, pero mañana pueden serlo ciudadanos respetables considerados adversarios en el imaginario colectivo), hemos de exigir, al menos, tres cosas:

- Una, que los jueces persigan sin dilación ni ambigüedad cualquier filtración de un sumario declarado secreto.
 
- Otra, que los fiscales cumplan sin estridencias su obligación de promover la acción de la Justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público".
 
- Y una tercera, que los cuerpos policiales cumplan los términos de la Instrucción 7/97 que establecía un marco uniforme de actuación en los atestados e informes diciendo que "las exposiciones tratarán de recoger hechos objetivos, sin realizar valoraciones o calificaciones jurídicas, y evitando plasmar criterios subjetivos y cuestiones irrelevantes para el proceso penal".
 
Estas son las mínimas exigencias que nos permitan vivir en un Estado democrático de derecho, que es el que garantiza correctamente los derechos ciudadanos. La suciedad de la lucha política no puede dar al traste con valores supremos de las sociedades libres, por mucha indignación que legítimamente nos produzcan la corrupción y la desvergüenza de un sin fin de políticos. Ser rigurosos contra ellos no puede estar en contradicción con el respeto a una presunción de inocencia y a su legítima defensa. De no entenderlo así, vamos todos juntos al vertedero de la convivencia rota por un desmedido afán justiciero.