Mi cese, una oportunidad para el Parlamento

Artículo de Luis Escribano

No es habitual que en mis artículos escriba sobre temas que vive un servidor, pero en esta ocasión, el tema lo merece.

Lo primero de todo agradecer de corazón todas las muestras de apoyo y ánimo recibidas en estos días de tantas y tantas personas, al conocer la arbitrariedad cometida con mi cese como Jefe de Servicio de Cooperación Económica en la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia y Administración Local. ¡Mil gracias a todas ellas!

Particularmente, he de agradecer a mis amigos y compañeros de El Demócrata Liberal el apoyo y las muestras de afecto que he recibido personalmente, así como a través de sus artículos, un próximo vídeo y la difusión de la información en las redes sociales.

También agradezco el apoyo mostrado por muchos compañeros de la Junta de Andalucía (no puedo nombrarlos a todos para que no se vean perjudicados en sus Consejerías) que conocen bien mi trabajo, y especialmente mi empeño por mejorar día a día la gestión, a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que encuentra uno en la Junta de Andalucía, algunos insalvables por mor de la mediocridad existente en muchos cargos de reponsabilidad.

Por último, debo agradecer a Pedro de Tena y Silvia Moreno sus publicaciones en los diarios Libertad Digital y El Mundo informando de lo ocurrido. Es necesario que, a fin de evitar que se repitan episodios como éste, se conozca toda la verdad y los concretos motivos de mi cese.

He creído necesario que se vayan conociendo poco a poco los detalles de lo sucedido, por lo que voy a relatar parte de los hechos, así como dar un toque de atención a los diputados del Parlamento andaluz para que actúen con el objetivo de acabar con estos abusos de poder.

En este suceso, es más que evidente la infracción de derechos fundamentales, especialmente los de libertad de expresión, opinión, igualdad, mérito y capacidad. Marginar y discriminar de manera tan grosera y palpable a un funcionario público que ejerce su derecho a la libertad de expresión y opinión, tanto en su trabajo como fuera de él, que critica y denuncia las irregularidades de la Junta de Andalucía, que realiza su trabajo con la rigurosidad que impone el cargo, es más propio de un régimen totalitarista y autoritario que de un Estado democrático y de Derecho.

Quiero recordarles que no es la primera vez que ha ocurrido algo similar. Antes de este cese, ya intentó que me cesaran del mismo Servicio el que fuera Viceconsejero de Presidencia e Igualdad, Antonio Vicente Lozano (la Consejera era entonces Susana Díaz), cuando salió publicado en la prensa, en abril de 2013, las denuncias que Eduardo Maestre y un servidor habíamos presentado en la Fiscalía Superior del TSJA, en Granada, cuando dirigíamos la asociación “La Resistencia ciudadana”. Entonces ocupaba el cargo de Director General de Administración Local Antonio Maíllo, actual coordinador de IU en Andalucía, que recibió la llamada telefónica de Lozano (“imputado” en el caso ERE) pidiendo mi cese inmediato, y eso que en aquellas fechas, la Dirección General se encontraba en otra Consejería (Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales). Al igual que Antonio Maíllo me agradeció el esfuerzo que realizó el personal del Servicio para sacar adelante las subvenciones tramitadas en 2012, así como sacar adelante la convocatoria de 2013, con los escasos recursos de que disponíamos, yo también le agradeceré siempre que hiciera caso omiso a las pretensiones del ex Viceconsejero de Presidencia para que fuera cesado inmediatamente.

¿Qué ha pasado ahora? El motivo que verbalmente me comunicó el Director General el pasado 11 de noviembre –viernes-, día del cese, fue: “no me gusta como se trata a los Ayuntamientos en el Servicio”. Obviamente, ante tamaña aberración, solicité una cita a la Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia, que me atendió amablemente el mismo lunes día 14 de noviembre. Dado que, tras intentar explicarle la arbitrariedad que suponía mi cese, no quiso escuchar lo que ya llevaba por escrito, lo presenté en el Registro dirigido al Consejero de la Presidencia y Vicepresidente de la Junta de Andalucía, solicitando me comunicara los motivos concretos de mi cese. También se lo he dirigido directamente por email a la Secretaría del Consejero. A día de hoy no he recibido respuesta del escrito.

Igualmente, el día 15 de noviembre, presenté otro escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, del que tampoco he recibido respuesta. Entre otros extremos, y dado que una vez cesado de un puesto de libre designación me tienen que asignar otro puesto de trabajo, y la Secretaria General Técnica me dijo en la reunión del pasado 14 de noviembre que la Dirección General de Función Pública tenía que crear uno nuevo para mí, solicité expresamente en el escrito que estuviera relacionado con el área de Administración Local -llevo 12 años trabajando en esta área, incluidos los 6 últimos, y era lógico aprovechar ese conocimiento y experiencia-, incluso manifesté mi voluntad de seguir en la Dirección General, dado que yo mismo había informado numerosas veces de la necesidad de personal en el Servicio, y la propia Cámara de Cuentas también había realizado esa recomendación en su Informe de Fiscalización del Plan de Cooperación Municipal 2009-2013. Igualmente solicité que, en el supuesto de negarme lo anterior, me asignaran un puesto en el Consejo de Transparencia, dado que había participado como miembro del Grupo de Trabajo de la Ley de Transparencia andaluza (aunque después de hacer el primer informe, nunca más contaron conmigo), y la sede se encontraba en el mismo edificio que la Dirección General.

Por supuesto, no he acabado ni en la citada Dirección General ni en el Consejo de Transparencia, aunque a otro funcionario sí le han creado un puesto en dicho Consejo tras ser cesado de un puesto de libre designación. Pero no ha sido sólo ese funcionario: al Consejo de Transparencia han ido incorporándose funcionarios de distintas Consejerías a dedo sin problema alguno, y como me dijeron personalmente el propio Director del Consejo, Manuel Medina, y su Secretario General, algunos de ellos ni siquiera reúnen el perfil que consideraban más adecuado. ¿Por qué esa diferencia de trato y ausencia de racionalidad?

Pues bien, en vez de aprovechar mi experiencia y conocimientos en el área de Administración Local, me han asignado provisionalmente un puesto en la Consejería de Salud, denominado Asesor Técnico-Ordenación Sanitaria, en el Servicio de Planificación en Salud y Vigilancia de los Derechos, con un perfil en materia sanitaria del que no tengo ningún conocimiento.

Además, dado que tengo la obligación legal de concursar en la próxima convocatoria, el puesto que me han asignado posee un área funcional (Salud y Ordenación Sanitaria) que no puedo hacer valer como mérito porque nunca he ocupado puestos con ese área funcional. Y para colmo, ese puesto ha salido a concurso de méritos en la última convocatoria, en el que no he podido concursar tras el cese, por lo que tendrán que asignarme otro nuevo puesto cuando se resuelva el concurso de méritos en varias semanas. Y no acaba aquí la cosa en el acoso: dado que en mi ficha personal aparece la dirección de mi residencia, han buscado la sede de la Junta más alejada (vivo en Mairena del Aljarafe, y me asignan una plaza en Sevilla Este).

Por tanto, es más que evidente la situación de acoso, que no sólo perjudica mi carrera como funcionario, sino también la satisfacción del interés general.

Si todo esto no es una absoluta discriminación, un sin sentido, una decisión sin racionalidad alguna, un claro abuso de poder, que venga algún diputado del Parlamento andaluz y me lo explique con mucho detalle.

No tengo nada que ocultar, sino todo lo contrario. Por ello, espero que salga a relucir toda la verdad. Esta es una oportunidad de oro. Ahora ha llegado el momento de demostrar si realmente funcionan las instituciones de control, la separación de poderes, los partidos políticos que tanto predican de palabra pero no de obra. Las buenas intenciones y la voluntad de mejorar se demuestran con las acciones, no con las promesas o planes.

Se habla mucho de iniciativas en el Parlamento andaluz para aprobar medidas que protejan a los funcionarios que denuncian casos de corrupción e irregularidades en las Administraciones. Esas medidas, si algún día se materializan como es debido, podrían mejorar algo lo que tenemos hoy día. Pero, en casos como el mío, sus señorías tienen la oportunidad de demostrar que realmente tienen interés en acabar con estas prácticas de abuso de poder.

¡Investiguen, pregunten, llévenme a declarar al Parlamento!

Lo primero que he de manifestar a los diputados del Parlamento es que lean todas las denuncias que he realizado en este diario, con hechos, datos y fundamentos, desde enero de 2015: caso ERE, Invercaria, Agencia IDEA, Agencia de Cooperación Internacional, Agencia de Instituciones Culturales, contratos verbales, cursos de formación, y un largo etcétera. Se que algunos ya lo han leído.

Para demostrarles la veracidad de mis denuncias (no ha sido rebatida ninguna de ellas), al día siguiente de producirse las elecciones a la Mesa del Parlamento de Andalucía en 2015, con la patente ilegalidad cometida por el diputado Luis Pizarro, publiqué mi artículo titulado “Luis Maduro”, escrito de madrugada con mucha indignación por lo sucedido –una violación en toda regla del Estado de Derecho en la que se supone es la Cámara de los representantes, consentida por los diputados del PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU-, y lo motivé de forma contundente.

Que conste que les envié mi artículo a los partidos y a algunos diputados. Sólo lo recurrió el PP. Pues bien, esta semana, el Tribunal Constitucional ha confirmado el contenido de mi artículo. Por tanto, a bote pronto, no parezco que sea tan “incompetente” como me pinta el Director General que me ha cesado, ex alcalde de Chauchina.

Señores diputados: aprovechen el asunto de mi cese para conocer lo que está ocurriendo con los puestos de libre designación en la Junta de Andalucía. Les puedo ofrecer mucha información, si tienen interés en ello, pero con luz y taquígrafo.

Y si quieren realmente conocer lo fácil que es abusar del poder en la Junta de Andalucía, conozcan parte de lo ocurrido en el Servicio. Para empezar, por ejemplo, sus señorías pueden solicitar todos los informes emitidos por el Servicio de Cooperación Económica desde 2012 sobre el funcionamiento del Servicio y las necesidades de recursos humanos, especialmente el suscrito con fecha 11/04/2016, que bien conoce el Director General; los informes emitidos en estos años sobre el Plan de Cooperación Municipal, uno de los cuales se entregó a los auditores de la Cámara de Cuentas; los informes del Servicio sobre las segregaciones de entidades locales autónomas y creación de municipios desde 2012; informe sobre el borrador del Acuerdo del Consejo de Gobierno respecto a la distribución de créditos a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; copia del expediente de reintegro de una subvención tramitado en el Servicio que fue inspeccionado por la Inspección General de Servicios de la Junta e informado por la misma; informe sobre el proyecto de Decreto-ley de medidas de reactivación industrial y mejora de la regulación económica; informe sobre un expediente de queja del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los Decretos-Leyes 7/2013 y 8/2014; informe sobre el Fondo de Contingencia de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para atender situaciones de catástrofes; solicitudes de informes al Gabinete Jurídico sobre expedientes tramitados en el Servicio; informe sobre la PATRICA; etcétera. Y esto sólo es una pequeñísima muestra del trabajo que se ha realizado en el Servicio.

Si sus señorías no aprenden con los casos concretos, ¿qué virtudes pueden ofrecer las medidas que dicen van a aprobar para proteger a los funcionarios? Cada vez que se cometa un atropello de este tipo hay que actuar inmediatamente para que no se repitan estos abusos. Estas experiencias enseñan los vicios del sistema, y si los diputados del Parlamento tienen algún interés en ofrecer soluciones a este grave problema, ahora tienen la oportunidad de averiguar con lo ocurrido como se generan estas arbitrariedades. Si se tomaran verdadero interés en conocer lo que ha ocurrido en el caso de mi cese, puedo asegurar que sus señorías aprenderán muchísimo. Me ofrezco públicamente para explicarlo con todo tipo de detalles.

Los diputados del Parlamento tienen muchas atribuciones para averiguar y controlar al Ejecutivo andaluz y actuar en consecuencia; entre otras, pueden llamarme a declarar al Parlamento. No me gustan los protagonismos, pero sí el aprovechar las oportunidades para acabar con las injusticias, y esta es una de ellas.

Sin embargo, me temo que todo esto quedará de nuevo, como ha pasado con otros funcionarios de la Junta de Andalucía, en una lucha individual, en la soledad del funcionario que denuncia irregularidades y casos de corrupción (ver mis artículos en este diario, más de cien, y los muchos vídeos grabados junto a mi amigo y colaborador también de este diario, Eduardo Maestre), que no sigue consignas arbitrarias, que procura ser un buen profesional como servidor público, cumpliendo con el ordenamiento jurídico.

Y, pasado un tiempo, tendré que enseñarles a los ciudadanos, una vez más, esos vicios y debilidades del sistema y el nulo interés de los políticos para solucionarlos. Descubrirán, una vez más, que seguimos siendo considerados siervos, no ciudadanos libres. ¡Que triste panorama!

Coda: abusarán del poder, seguirán con el acoso, marginarán los méritos y la capacidad, pero jamás conseguirán callarme.