Artículo de Paco Romero
Que por mayo era por
mayo, cuando se anuncia que el Consejo de Gobierno más inmediato aprobaría la
recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los
empleados públicos, refrendando así el compromiso alcanzado por la consejera de
Hacienda y Administración Pública con los sindicatos que integran la Mesa
General de Negociación Común de la Administración autonómica: CCOO, UGT y CSIF.
Pacto que contemplaba, además, el abono del 75 por ciento pendiente de la paga
extra de 2012 en tres cómodos plazos que se harían efectivos en
septiembre de 2016, en febrero de 2017 y en febrero de 2018…
Díaz, que divulgó la primicia aprovechando un debate con el
presidente del PP-A en el Pleno del Parlamento, requirió al 'popular' para que
se comprometiera a pedirle al presidente del Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, que no recurriera la decisión: “¿Va a poner los intereses de los
empleados públicos en Andalucía por encima de sus intereses? Es ahí donde yo
quiero verlo”.
Solo el
Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la administración general,
ha echao la pata alante al exigir que "no se engañe" a los
empleados públicos, ni cree falsas expectativas con la “cacareada recuperación
de las 35 horas”, una medida con "escaso recorrido", al tratarse de
una competencia estatal que, en concreto, ha fijado, mediante la disposición adicional
septuagésimo primera de la Ley 2/2012, una
jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales, medida que hoy
continúa vigente según el refrendo de la Sentencia del TC 99/2016 que desestimó
una reclamación similar de la Generalidad de Cataluña y de otra más
reciente, que con motivo de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el
presidente del Gobierno, anuló una ley con las mismas pretensiones del gobierno
de Castilla-La Mancha.
En derecho todo -hasta lo más zafio y ruin- es interpretable,
todo puede tener defensa, pero una vez conocido el parecer del Constitucional,
¿a cuento de qué maniobrar y perder y hacer perder el tiempo en defensa de una
causa que se sabe perdida de antemano? ¿Por qué generar falsas expectativas?
La jornada de 37,5 horas supuso -crisis recurrente mediante-
una puñalada trapera pero legal a los derechos adquiridos de los empleados
públicos. El Estado, mediante la citada disposición adicional de la Ley 2/2012
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (“A partir de la
entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del
Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales
de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”), en vigor según las dos sentencias
comentadas, así lo estableció.
El Decreto-ley 5/2016 que promueve tal expectativa habrá de
ser ratificado, o no, en el pleno de las Cinco Llagas.
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