Artículo de Antonio Barreda
“Según la Memoria de la Cuenta General, concedió avales y
créditos por valor de casi 25 millones”
“Algunas de las empresas están liquidadas”
El origen del Fondo
La Disposición Adicional Decimotercera de la Ley
12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2011, disposición añadida por la Disposición Final
tercera del Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, por el que se modifica la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, creó el Fondo para
la Reestructuración Financiera de las Empresas, como fondo sin personalidad
jurídica, destinado a atender la cobertura económica en la financiación de
planes de viabilidad y de reestructuración que promuevan la consolidación del
tejido empresarial, acogidos al Programa de Ayudas a Empresas Viables con
dificultades coyunturales en Andalucía, con una dotación presupuestaria inicial
de 70 millones de euros, fijada en el apartado 1 del artículo 5 de la citada
Ley del Presupuesto, modificado por la citada Disposición Final tercera de!
Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril El Fondo se ajusta a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía [Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo
(BOJA núm. 53, de 18 de marzo)].
Con fecha 9 de junio de 2011 las Consejerías de Hacienda y Administración Pública y la de Economía, Innovación y Ciencia suscribieron un Convenio por el cual regularon la composición, organización y gestión del Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas, de acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional Única de la Ley 8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Actividad
principal del fondo
La actividad principal del Fondo desde su
creación en el año 2011 ha
consistido en la concesión de avales y créditos, si bien los instrumentos
financieros que se podrán aprobar con cargo al Fondo pueden ser préstamos o
créditos, otorgamiento de garantías, así como cualquier otra fórmula de
financiación distinta de las anteriores reconocida en el tráfico mercantil.
El Fondo se destina a prestar apoyo a empresas
andaluzas viables que se encuentran en dificultades coyunturales que requieran
ayudas de salvamento dirigidas a prestarles la liquidez estrictamente necesaria
e imprescindible para garantizar su funcionamiento hasta tanto analicen su
situación y elaboren el correspondiente plan de reestructuración y/o ayudas de
reestructuración para la puesta en marcha de las acciones y las medidas
contenidas en un plan de reestructuración orientado a restablecer su viabilidad
y recuperar su posición en el mercado.
Serán destinatarias de los instrumentos financieros
del Fondo, las empresas acogidas a la Orden de 5 de noviembre de 2008 de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por las que se aprueban las bases
reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades
coyunturales en Andalucía, modificada por la Orden de 23 de mayo de 2011. (BOJA
núm. 107, de 2 de junio de 2011)
Auto de la
juez Alaya
La juez Mercedes Alaya en un auto firmado el 22
de enero de 2014 puso en marcha una nueva investigación sobre la Junta de Andalucía. La magistrada ordenaba abrir diligencias previas por las ayudas
concedidas a partir de 2008 por el antiguo IFA (Instituto de Fomento de
Andalucía) y su sucesora agencia Idea a empresas. La juez cree que muchas de
estas ayudas, reguladas por la Consejería de Innovación, se concedieron sin la
autorización preceptiva del Consejo de Gobierno andaluz y traspasaron el límite
de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la agencia pública.
Alaya advierte en el auto, además, de que muchas
de las empresas beneficiarias de las ayudas sociolaborales que están siendo
investigadas en el caso de los ERE recibieron también las ayudas excepcionales
de Idea, conocidas como “ayudas de salvamento” o de “reestructuración” y que se
concedían bajo tres figuras: préstamos, ayudas en garantía sobre préstamos y
avales como garantía de préstamos de entidades financieras.
La juez alude a un oficio de la Guardia Civil
según el cual se han detectado casos en los que a la vez que el Consejo Rector
de Idea estaba tramitando el pago de uno de estos préstamos había ya en proceso
de resolución la concesión de una nueva ayuda extraordinaria a la misma
empresa. Esta simultaneidad podría ser un indicio, según Alaya, de que la
agencia convirtió este mecanismo en una forma de “inyección continuada y
sistemática de fondos públicos” con “criterios arbitrarios de concesión”.
La magistrada apoya sus sospechas en un informe
de 2009 de la Intervención general que advirtió de que los avales de préstamo
concedidos por Idea superaban el límite establecido por la ley de Presupuestos.
Ese año, según Alaya, la agencia pública formalizó avales por valor de 71,2
millones de euros a pesar de que las cuentas de la Junta le fijaron un importe
máximo de 18 millones para ayudas extraordinarias. Idea alegó la existencia de
un acuerdo del Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 por el que se
autorizaba a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a ejecutar un
programa “de ayuda a empresas viables con dificultades coyunturales” con una
financiación de 87 millones de euros. El interventor desestimó esta explicación
alegando que la ley de Presupuestos está por encima de cualquier acuerdo del
Consejo de Gobierno.
La juez sostiene, además, que muchas de estas
ayudas no contaron con la autorización previa del Consejo Rector de Idea
(preceptiva para los préstamos superiores a 450.000 euros) ni del Consejo de
Gobierno (obligatoria para las que superaran los 1,2 millones). A esta supuesta
falta de control, Alaya suma otras irregularidades como que los avales se
dieron saltándose el requisito previo de autorización del régimen de ayudas de
la Comisión Europea y los requisitos de publicidad. “En definitiva, las
irregularidades expuestas merecen un análisis pormenorizado y separado de la
presenta causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelaran
una actuación fraudulenta” de Idea, afirma Alaya.
Idea mueve
ficha
IDEA presentó un aluvión de demandas en los
juzgados para intentar recuperar, hasta ahora con escaso éxito, parte del
dinero perdido. El organismo dependiente de la antigua Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía reclama unos 65,4 millones de euros a
empresas inmersas en concurso de acreedores en las 80 vías judiciales abiertas
en diferentes juzgados de lo Mercantil repartidos por la Comunidad Autónoma.
Los datos proceden de un informe fechado el 11 de
mayo de 2015 sobre las vías
de recuperación judiciales abiertas por el quebranto de avales acogidos a
la orden de empresas viables con dificultades coyunturales que la Unidad de
Asesoramiento Jurídico de la agencia IDEA remitió a la juez Mercedes Alaya. En
el informe de los asesores jurídicos incorporado al sumario del caso de los
avales, se enumera el estado de las
demandas presentadas contra empresas que recibieron apoyo financiero.
El listado de empresas avaladas por IDEA incluye
un buen número de entidades que ya aparecen en el sumario de los ERE. Es el
caso, por ejemplo, de A Novo Comlink
(Málaga), que obtuvo la garantía para un préstamo de 1,5 millones de
euros; Corchos y Tapones de Andalucía
(Sevilla), de 350.000 euros; Saldauto
(Sevilla), de 1,5 millones; Aglomerados
Morell (Sevilla), de 920.000 euros; o Atarazana de Constantina (Sevilla), de 62.400 euros.
De los 277 expedientes remitidos por la
Junta a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el de
mayor cuantía es el que tiene a la empresa Eólica del Zenete SL, con sede en Granada, como destinataria de
la garantía. El aval de "reestructuración" que consiguió en 2011 ascendió a 8,5 millones de euros,
siendo gestionado el préstamo por el banco Mare Nostrum. Esta fabricante
de aerogeneradores quebró el pasado año al no encontrar financiación con que
mantener activo el aval de IDEA que suponía dicho crédito de 8,5 millones. La
comisión anual para conservar el préstamo era de 360.000 euros.
El informe
de la Cámara de Cuentas
En febrero de 2016 Europa
Press indicaba que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha cifrado en 444,2
millones de euros las pérdidas acumuladas de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA), según un informe de fiscalización, que apunta
la existencia de incumplimientos de la normativa presupuestaria y en el ámbito
de la contabilidad.
En dicho informe de
'Fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)', correspondiente al ejercicio
2012, se apunta que el riesgo de la Agencia por los avales concedidos ascendió
a 103,9 millones a final del ejercicio 2012 y se observa "una
concentración del riesgo en algunas empresas".
En el informe, la Cámara de
Cuentas recomienda a la Agencia a que "ponga en ejecución una revisión de
los procedimientos de análisis técnicos que efectúa para el otorgamiento de las
operaciones de riesgo", al objeto de "realizar de forma más estricta
el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos y ello
redunde en una disminución del importe de fallidos".
En este informe, consultado
por Europa Press, la Cámara de Cuentas recuerda que para financiar las
actuaciones que tiene encomendadas, la Agencia recibe transferencias y
subvenciones procedentes del Presupuesto de la comunidad autónoma, y, en ese
sentido, se han detectado "incumplimientos de la normativa presupuestaria,
como una inadecuada presupuestación, dotación y ejecución de créditos, respecto
a determinados expedientes de gasto tramitados en 2012 y anteriores". Ha
agregado que "la inadecuada clasificación presupuestaria y formalización
de los expedientes de gasto ha tenido también incidencia en el proceso de
fiscalización previa". El ente fiscalizador apunta que "la mayor
parte de los expedientes, pese a incorporar compromisos de gasto de carácter
plurianual, se han formalizado incumpliendo lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía".
El informe apunta que la
Agencia IDEA ha incumplido la Ley por la que se aprueban medidas fiscales,
presupuestarias, de control y administrativas, que establece que las
transferencias de financiación de explotación "deben aplicarse para
equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para enjugar pérdidas
de ejercicios anteriores y las transferencias de financiación de capital deben
aplicarse en el ejercicio en el que se reciben o en el siguiente". Los
remanentes deben ser objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de
Andalucía. Por ello, apunta que los distintos órganos gestores del gasto
"deben formalizar los expedientes de gasto acordes con los instrumentos de
financiación previstos y concordantes con las actividades del ente
instrumental, a tenor de lo dispuesto en la normativa presupuestaria y contable
aplicable a las agencias públicas empresariales de la Junta".
El informe asimismo ha
apuntado que esta agencia "no dispone de un registro de subvenciones de
carácter excepcional", por lo que "no ha sido posible concluir sobre
el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación en la utilización y asignación de los recursos públicos".
El ente fiscalizador apunta que para las operaciones de riesgo --concesión de
avales y préstamos-- IDEA "no dispone de normativa ni de procedimientos
formalizados y aprobados por la dirección en los que se establezcan las
funciones, niveles de responsabilidad y criterios de evaluación para la
aceptación o rechazo de estas operaciones".
En ese punto, ha apuntado que
el riesgo de la Agencia por los avales concedidos ascendió a 103,9 millones a
final de 2012. En ese sentido, aunque reconoce que la agencia "cumple con
las limitaciones establecidas en la Ley del Presupuesto, del análisis de las
operaciones de aval se observa una concentración del riesgo en algunas
empresas".Ha apuntado que la financiación de los quebrantos por aval
otorgados por la orden de 2008
a los que tiene que hacer frente la Agencia IDEA, se
realiza con cargo a las transferencias de financiación de capital recibidas
anualmente y procedentes de la Consejería, y para la Cámara de Cuentas esta
fuente de financiación "no se considera adecuada".Considera que los
fondos recuperados por la Agencia procedentes de avales previamente ejecutados
"deberían ser objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta", pero
"en ningún caso se produce este reintegro".
INFORME DE LA INTERVENCIÓN
En el informe, la Cámara de
Cuentas ha recordado que en febrero de 2014, y como consecuencia de las
recomendaciones contenidas en el informe de cumplimiento de 2010, el
Interventor General de la Junta emitió un informe en relación con dos
expedientes de aval otorgados por IDEA, que concluía que "corresponde a la
Agencia Tributaria de Andalucía la recaudación de los ingresos de derecho público
de la Comunidad, donde se incluyen los avales otorgados por IDEA". En ese
sentido, para dar cumplimiento a las medidas propuestas por la Intervención, en
marzo de 2014, la entidad remitió a la Agencia Tributaria toda la información
de los expedientes de los dos avales. Asimismo se ingresó en la Tesorería
General de la Junta las cantidades recuperadas por las garantías de los dos
avales ejecutados.
PRÉSTAMOS
Por otro lado, el informe
recuerda que IDEA tiene suscrito un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por 50 millones, cuyo objeto es "facilitar liquidez para el programa
de fondos reembolsables", de forma que "las empresas acceden a la
financiación a través de préstamos concedidos por la Agencia y con aval del
Fondo para la Reestructuración Financiera".
De esta forma, ante un
quebranto por parte de la empresa, la reposición de importes fallidos
procedería del presupuesto de la Junta, "al menos, hasta que se produzca
la ejecución de las contragarantías".
En relación con los préstamos
concedidos por IDEA, el importe suma 330,3 millones, estando provisionados en
un 60 por ciento. El porcentaje aumenta si se consideran sólo los concedidos a
las empresas del grupo, provisionados por el 81 por ciento. La cifra de
préstamos en situación de "contencioso" asciende a 68,7 millones (37
por ciento).
Por ello, la Cámara de
Cuentas insta a IDEA a "una revisión de procedimientos de análisis para el
otorgamiento de las operaciones de riesgo", para "analizar de forma
más estricta la viabilidad e idoneidad de los proyectos y ello redunde en una
disminución del importe de fallidos".
El informe apunta que IDEA
registra los fondos recibidos y procedentes del presupuesto de acuerdo con la
finalidad y naturaleza de las actuaciones que se financian. Las principales incidencias
en el ámbito de la contabilidad de la Agencia se refieren al
"incumplimiento de la obligación de reintegro de los remanentes de
transferencias de financiación de años anteriores (6,2 millones) y al registro
como actuaciones de intermediación de las ayudas a fondo perdido en la
Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía y los proyectos
'Guadalinfo' e 'Innoempresa'".
Ha apuntado que determinadas
operaciones realizadas en la filial Incuba durante 2011 y 2012 han supuesto
para la Agencia IDEA "una entrada indebida de recursos valorada en 29,4
millones", que se incorporan a su patrimonio liberados de restricciones.
Asimismo, el informe indica que a cierre de 2012 los fondos propios negativos
se cifran en 25,9 millones, por lo que "la Agencia precisa del apoyo de la
Junta". No obstante, tras los ajustes contables de 2013, los fondos
propios de IDEA son positivos y ascienden a 13,1 millones.
El informe indica que
"no se ha dispuesto de estudios de evaluación, resultados o impacto de los
programas financiados con fondos Feder", por lo que "no se ha podido
conocer el impacto de estos programas".
La Juez Bolaños reduce el caso a 18 empresas
Desde que Alaya dejó el caso, este ha estado congelado
judicialmente indicando en prensa por falta de funcionarios para avanzar en
este juzgado nº 6 de Instrucción. La instrucción, además, se ha acotado ahora a sólo 18 empresas
después de que la magistrada María Núñez Bolaños limitara el objeto de la
investigación en un auto dictado el pasado 2 de marzo, en el que reclamó a Idea
únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron
"simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en
los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a
través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las
competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
Las
18 empresas a las que se limita la investigación son las siguientes: A Novo
Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial,
Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal,
Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena,
Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa
industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.
El pasado 26 de abril la juez Núñez Bolaños citó a tres
directivos de la agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
para que declaren como testigos en la causa que investiga los avales concedidos
por la Junta a empresas en crisis. La magistrada tenía previsto tomar
declaración al director general de Idea, Antonio González Marín; al secretario
general, Ildefonso Pacheco González; y al director económico financiero de la
agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz, Manuel Cano
Ruiz-Granados.
La citación de los testigos se produce después de que la juez rechazara el pasado 5 de abril la petición del PP de incluir en la macrocausa de los avales un informe de la Cámara de Cuenta que detectó irregularidades administrativas. Para rechazar la petición del PP, la juez recordó que la Cámara de Cuentas dijo en su informe apuntó que estas irregularidades "podrían dar lugar a responsabilidades contables" y que "no es el juzgado de instrucción 6 un juzgado contencioso administrativo ni un órgano de fiscalización".
La citación de los testigos se produce después de que la juez rechazara el pasado 5 de abril la petición del PP de incluir en la macrocausa de los avales un informe de la Cámara de Cuenta que detectó irregularidades administrativas. Para rechazar la petición del PP, la juez recordó que la Cámara de Cuentas dijo en su informe apuntó que estas irregularidades "podrían dar lugar a responsabilidades contables" y que "no es el juzgado de instrucción 6 un juzgado contencioso administrativo ni un órgano de fiscalización".
Esta decisión le permitirá
disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para
las causas sencillas y complejas. El Ministerio Público
solicitó a la juez que declarase compleja la causa argumentando que "es
razonable pensar que la fase de instrucción no va a poder completarse antes del
6 de junio de 2016", fecha en la que se cumplen los primeros seis meses
desde que entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que
impuso plazos en la instrucción.
Hace
unos días, el pasado 14 de julio la titular del juzgado de Instrucción número 6
de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha requerido a la agencia IDEA para que
"justifique debidamente" el interés para ejercer la acusación
particular en la macrocausa de los avales y préstamos concedidos por esta
entidad.
En una providencia, la instructora ha dado
un plazo de diez días a IDEA para que se pronuncie sobre este interés y para
que "aclare en todo caso, la titularidad de los fondos con cargo a los
cuales fueron financiados los distintos expedientes de ayudas objeto de
investigación en las presentes diligencias previas".
La
providencia de la juez se produce a raíz de un escrito presentado por la
Fiscalía Anticorrupción en el que, antes de pronunciarse sobre los recursos que
presentó el PP contra la decisión de la instructora de hacer un
"ofrecimiento de acciones" a la agencia Idea y tenerla personada como
acusación particular, el Ministerio Público consideraba "imprescindible
conocer a quién correspondía la titularidad de los fondos con cargo a los
cuales se financiaron los distintos expedientes de ayuda".
La Fiscalía añadía que "sólo de esa
manera será posible saber si la agencia IDEA tiene o no la condición de
perjudicado por los hechos objeto del procedimiento y si, en consecuencia,
puede ser o no ser tenida como acusación particular en las presentes".
Hay
que recordar que con anterioridad, la Fiscalía ya avanzó que Bolaños no ha
"cercenado" la causa de los avales sino que se ha limitado a
"ordenar" el avance de la investigación. Con estos argumentos la
Fiscalía Anticorrupción pidió a la Audiencia de Sevilla que desestime el
recurso presentado por la acusación popular que ejerce el PP contra la última
decisión de la juez María Núñez Bolaños que parecía desinflar la macrocausa de
los avales y préstamos de la agencia IDEA cuando acotó el caso a solo 18
empresas la investigación.
La Fiscalía considera que la juez Bolaños lo
que pretende con su auto es "hacer avanzar el procedimiento y no excluir
de la investigación las restantes irregularidades que ya se han puesto de
manifiesto" tanto en los oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil como en el informe de cumplimiento de la Intervención General
de la Junta relativo a la actividad de la agencia Idea del año 2009. "Si
se hubiera acordado en dicho auto la exclusión de esas otras irregularidades, a
buen seguro que el fiscal hubiera recurrido dicha resolución, lo que no ha
hecho por entender que el auto simplemente se limita a dar impulso al avance de
la investigación y no a cercenar la investigación en los términos que se
sugieren por el recurrente", asevera el fiscal.
Para la Fiscalía, Bolaños no ha excluido de
la investigación los denominados "avales excepcionales o propios",
los que concedía IFA/Idea como instrumento genérico para el cumplimiento de su
finalidad de promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía.
"El auto no restringe el objeto de la causa, sino que se limita a ordenar
el avance de la investigación", insiste.
Las ayudas del
fondo de reestructuración financiera
Analicemos
a los principales beneficiarios:
- Dytras SA
Se
le conceden 2,4 millones de euros.
La
empresa, según consta en el Registro Mercantil, el 8 de septiembre de 2015
entró en liquidación en el juzgado mercantil nº 1 de Sevilla en el
procedimiento concursal 1335/2012 donde por auto se decide el cese de los
administradores y la disolución de la sociedad.
- Eólica del Zenete
Se
le conceden dos ayudas. Una por valor de 8 millones de euros y otra por valor
de 500.000 euros.
Según
los datos del Registro Mercantil, El 12 de junio de 2014 la empresa entra en concurso
en el juzgado de lo mercantil nº 1 de Granada. El juzgado decreta el concurso
voluntario de acreedores y la intervención de las facultades de administración
y disposición de los administradores societarios, apoderados y representantes
del mismo, nombrado administrador concursal.
El
24 de noviembre de 2015 se produce el cese y dimisión de los consejeros,
presidente y consejero delegado de la empresa ya que el juzgado el 6 de abril
de 2015 había decretado un auto de apertura de la fase de liquidación.
En
respuesta del Consejero a una pregunta escrita del PP-A relativa al dinero
recuperado de avales de la Agencia Idea, que aparece en el Boletín del
Parlamento de Andalucía de fecha nº 606 de 22 de enero de 2015, se indica un
listado de empresas en la misma. En este listado se recoge que a Eólica del
Zenete se le recupera 1,5 millones de euros.
Conviene
recordar la decisión de la jueza Alaya de ampliar la investigación del caso de
los ERE a todas las consejerías por una serie de comunicaciones de la Guardia
Civil, que recogen el análisis realizado de diversa documentación del IFA /
IDEA (actas de su consejo rector), así como de los informes de la Intervención
General de la Junta, recogidos también por el Informe de Fiscalización de la
Cámara de Cuentas, uno de los orígenes del caso.
En
los oficios remitidos por la Guardia Civil se hace constar que las operaciones de ayudas sociolaborales
realizadas por el IFA / IDEA consideradas como “irregulares” y “con ausencia de
procedimiento” podrían haber coincidido “con otras ayudas públicas de
salvamento o reestructuración” también otorgadas por la Junta a través
de otras consejerías. La jueza entiende que esto “podría considerarse como una
inyección continuada y sistemática de fondos públicos”, y ordena que se
investigue “si estas concesiones estaban basadas en la presunta aplicación de
criterios arbitrarios como quedó de manifiesto en el Informe de funcionamiento
de la Dirección General de Trabajo”.
Por
ello, la jueza Alaya ordenó ampliar la investigación a otras tres empresas de
las que hasta ahora no se había hablado. Se trata de Proasego Eólicas SL y
Eólicas del Zenete SL, ambas beneficiadas de ayudas públicas y que según la
Guardía Civil mantenían relación con Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, a
través de la sociedad Maginae Solutions SL.
Flexol España
Se le conceden 3,45
millones de euros.
Según los datos del
Registro Mercantil Flexol España está en concurso de acreedores voluntario en
el juzgado mercantil de Granada desde el 12 de julio de 2012 con procedimiento
concursal 536/2012.
En el BOJA nº 157
del 11 de agosto de 2011 aparece un disposición de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia que recoge el Acuerdo
de 2 de agosto de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el
adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por el que se autoriza el riesgo para la concesión de una ayuda de
reestructuración a la Empresa Flexol España, S.L., ubicada en Santa Fe
(Granada), consistente en un aval ante entidad de crédito.
El anexo indica «Autorizar
el riesgo para la concesión de la ayuda de reestructuración a la empresa Flexol
España, S.L., ubicada en Santa Fe (Granada) y con CIF B18344333, consistente en
un aval ante entidad de crédito por un importe máximo de tres millones
seiscientos ochenta mil euros (3.680.000 €), con el límite del 80% del importe
del principal del préstamo avalado, con una vigencia de 10 años desde su
formalización y la comisión de aval en condiciones de mercado.
La Agencia
tributaria publicó en diciembre de 2015 los nombres de los 89 grandes morosos
de la provincia de Granada. En este listado aparece Flexol España con una deuda
de 1.304.368,63 euros.
Insersola
Se le concede 1,12
millones de euros.
Esta empresa empezó
a ser conocida tras publicar el diario
El Mundo en marzo de 2012 la denuncia de los propios trabajadores de la empresa,
encargada de los servicios de comedor de colegios y guarderías concertadas con
la Junta de Andalucía, que eran
obligados a asistir a los actos de campaña del PSOE en Huelva, apoyando
los mítines políticos que protagoniza el secretario general de los socialistas
onubenses, Mario Jiménez.
Una
situación que no era nueva. En las elecciones municipales de mayo de 2011, las
coordinadoras de la Fundación obligaron a ir a actos del PSOE, haciendo una lista de las personas que
asisten y obligando a hacerse fotos con los candidatos.
Cuatro
años después, en marzo de 2016 la secretaria general del PP andaluz, Dolores
López, ha denunció que la firma onubense Insersola SL, que ha tenido relaciones
comerciales con el PSOE, ha recibido al menos 5 millones de euros de la Junta
en ayudas a ERE, cursos de formación y avales, tres procedimientos bajo
investigación judicial.
Según
López Insersola habría recibido de la Junta al menos dos millones de euros para
cursos de formación, otros dos millones en concepto de avales y contratos, y
800.000 euros más como ayudas para ERE, según la secretaria general del PP
andaluz.
Además,
la Intervención de la Junta de Andalucía ha detectado otras ayudas a la
fundación de esta empresa cuya cuantía se desconoce porque no se han facilitado
los correspondientes expedientes, pero de las que el interventor alerta de un
posible menoscabo de fondos públicos por importe de unos 355.000 euros.
Fue
el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barros, el que contestó a estas
acusaciones negando que existiera por parte de la Administración andaluza trato
de favor alguno hacia la empresa Insersola
de Huelva, inmersa en diferentes investigaciones, por el hecho de haber
trabajado para el PSOE onubense en servicios
de cátering. Jiménez Barrios recordó que tanto la empresa como el
partido han señalado que se trató de un
error el que apareciera en una documentación que Insersola facturó a la
formación política más de un millón de
euros en comidas.
Jiménez
Barrios apuntó que Insersola, ahora afectada por un concurso de acreedores, tiene una larga trayectoria de trabajo en
el mundo de la dicapacidad y de las personas desfavorecidas, y que son muchos
los colectivos que hablan de la labor que ha venido realizando.
El
administrador único, según los datos del Registro Mercantil de la empresa, es
la Fundación de ayuda a la infancia juventud y mayores, aunque el nombre
completo es la Fundación de ayuda a la infancia juventud y mayores Santa María
de Belén, fundada por Paula Santiago Domínguez.
En su web recoge los premios obtenidos por la fundadora.
El Gobierno de la Junta de Andalucía le otorgó la Medalla
de Andalucía en 1996.
El 12 de marzo de 1999 es homenajeada por la Alcaldía de
Trigueros por su labor educativa.
En 1999 recibe la mención de las mujeres progresistas por
el trabajo realizado en la zona de Marismas del Odiel por la igualdad entre los
jóvenes más excluidos de la zona.
El 21 de enero de 2000 recibe la Medalla de la Solidaridad
de la Ciudad de Huelva, en reconocimiento por el trabajo público desarrollado a
lo largo de los últimos veinte años.
El 20 de enero de 2003 se le otorga el nombramiento para
que una calle de la Ciudad de Huelva lleve su nombre dada la entrega personal,
desde su posición de maestra, al servicio de la población más necesitada.
En este mismo año recibe el Premio Marismas “Mujeres por
la Solidaridad”, en el que se reconoce la tarea realizada a favor de la defensa
de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
El 15 de junio de 2004 recibe la Medalla de Oro al mérito
en la Educación, distinción que fue impuesta por el Presidente de la Junta de
Andalucía, Don Manuel Cháves González.
También en el 2004 se le concede la Medalla de Honor de la
Universidad de Huelva impuesta por el Excmo. Sr. Magfco.: Prof. Dr. Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
El 20 de diciembre de 2004 recibe el Premio a la Infancia
de Andalucía impuesto por la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, Dña. Micaela Navarro Garzón.
El 7
de diciembre de 2007 se la concede, por decisión del Consejo de Ministros, la
Medalla de Oro de Mérito al Trabajo, a propuesta por el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales Jesús Caldera, distinción que fue impuesta por el Ministro de
Trabajo Celestino Corbacho.
AsImismo,
Libertad Digital indicó en marzo de 2012 en un artículo titulado la empresa que obligaba a ir a mítines del
PSOE cobró del fondo de reptiles que “Curiosamente, en la última inscripción de la
sociedad, la Nº: 15., aparece nombrada apoderada de la entidad "ROJO
GARCÍA, LUISA MARÍA LEONOR Cargo o Función : Apoderado
Mancomunado Fecha de nombramiento: 09/09/2011 - Fecha de terminación (**) :
INDEFINIDA NIF/CIF: Pero hay una Leonor Rojo García que fue
directora general de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía.
Leonor Rojo García fue directora general
de Infancia y Familia de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía desde 1994 a
2004. Y Luisa María Leonor Rojo fue concejala del PSOE en Mairena del Aljarafe
como atestigua el acta del 30 de junio de 2008, donde aparece reseñado todo el
grupo municipal socialista:”
Hay que
indicar que el Registro Mercantil recoge que Luis María Leonor Rojo García fue
cesada de Administradora Mancomunada de la empresa el 21 de enero de 2015.
También recoge el Registro Mercantil que desde julio de 2009 hasta
el 3 de mayo de 2010 estuvo de consejera y tesorera de la empresa Josefa
Rodríguez Silvino. Hay una Josefa Rodríguez Silvino que
fue Concejal del PP en Huelva capital hasta 2007, año en que dimitió como
concejala de Consumo y Atención al Ciudadano y como militante del Partido
Popular tras la aprobación en el Congreso la Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres con el voto a favor de todos los
partidos y la abstención de los 'populares'. Así, justificaba su dimisión en “… no querer forma parte de un equipo
que "no cree en la igualdad real de la mujer'.”
En esa rueda de prensa expuso que "la
política de igualdad del alcalde en Huelva es mentira porque no existe una
política que gestione, beneficie o mejore la vida de la mujer, ya que había y
hay otras prioridades" y añadió que "no sólo no existe esta política
de igualdad, sino que el Equipo de Gobierno no cree en ella ni en el
papel social ni político de la mujer".
- Mundo Newlar
Se le
conceden 1,2 millones de euros.
La empresa
está en liquidación, según consta en el Registro Mercantil, en el juzgado
mercantil nº 1 de Almería en el acto de fecha 3 de marzo de 2015 donde se
recoge la sentencia de calificación
fortuita del concurso de fecha 26 de enero de 2015.
Aparece en la
lista de la Agencia Tributaria como morosa de 1,3 millones de euros.
- TS Acabados y Encuadernaciones
Se le conceden
2 millones de euros.
El último
dato anotado en el Registro Mercantil data de septiembre de 2014 e indica
situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 1.715,54 euros
de principal, más 274,97 euros que provisionalmente se presupuestan para
intereses legales y costas del procedimiento.-
En el BOJA nº
108 de 4 de junio de 2012 se recoge el
Acuerdo de 22 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
ratifica el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, relativo a la autorización del riesgo para la concesión de una
ayuda de reestructuración a la empresa TS Acabados y Encuadernación, S.L.,
ubicada en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
En su anexo
se recoge «Autorizar el riesgo para la concesión de una ayuda de
reestructuración a la empresa TS Acabados y Encuadernación, S.L., ubicada en
Alcalá de Guadaira (Sevilla), y con CIF B91719997, consistente en un aval ante
entidad de crédito por un importe máximo de dos millones de euros (2.000.000
€), con el límite del 80% del importe del principal del préstamo avalado, con
una vigencia de 10 años desde su formalización y la comisión de aval en
condiciones de mercado.
Para la formalización de la operación será
necesario que se produzcan, previa o simultáneamente a la misma, la
recuperación por la Agencia IDEA del importe que le ha sido ejecutado
correspondiente al aval formalizado con fecha 28.10.2008.
En abril de 2016 El Mundo publicó sobre esta
empresa que “La empresa TS Acabados y
Encuadernaciones, radicada en Alcalá de Guadaira, recibió en 2008 una
subvención de la Agencia Idea, a fondo perdido, de algo más de dos millones de
euros y justificó casi la mitad, 900.000 euros, con una factura falsa
cuyo importe real apenas superaba los tres mil. Pero el engaño coló y la
empresa recibió el dinero, en buena medida gracias a la falta de control sobre
las subvenciones públicas de la Administración andaluza y sólo ocho años
después, en diciembre de 2015, saltó la alarma. Sólo que era tarde, al menos
para perseguir el delito de falsedad en documento mercantil cometido por los
responsables de la compañía, un delito que ha quedado impune porque ha
prescrito.
El caso, uno
más de los que evidencian el descontrol en las ayudas concedidas durante
años por la Junta, lo denunció la Agencia Idea en diciembre del año pasado,
pero la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, tras abrir diligencias de
investigación, se ha visto forzada a archivarlas porque el delito, la
falsificación de la factura, ha prescrito y ya no puede ser perseguido.
Según
informaron fuentes judiciales, el Ministerio Público dictó el archivo de las
actuaciones el pasado 29 de marzo, unos meses después de que el director
general de Idea -dependiente de la Consejería de Empleo- enviase un escrito
alertando del posible delito cometido en la justificación de la subvención
otorgada a TS. En ese escrito, Antonio Clavero relataba cómo la Intervención
General había emitido un informe el 4 de diciembre de 2015 en el que concluía,
tras examinar las facturas con las que se había justificado la ayuda a TS
Acabados y Encuadernaciones, que se había cometido una falsedad.
En concreto,
la empresa había amañado una factura de un proveedor por la compra de piezas de
recambio de maquinaria, cambiando el concepto por otro más general y el
importe, pasando de los 3.168 euros originales a 909.440 euros. Así lo comprobó
tras cotejar la factura con la compañía que la emitió. Coincidían todos
los datos, desde la fecha al número, pero no el concepto ni, mucho menos, el
importe.
Más aún, la
empresa emisora de la factura, Muller Martini, aseguró a la Junta, tras serle
requerida la información, que la factura original, la de poco más de 3.000
euros, constaba en sus archivos como pendiente de cobro. Es decir, que TS amañó
para justificar la ayuda una factura que ni siquiera había pagado y que había
sido emitida, incluso, antes de que recibiera el dinero de la Agencia Idea.
Se trata, señalaron las fuentes
consultadas, de un caso evidente de falsificación, pero el tiempo que ha
transcurrido desde que se cometieron los hechos, en 2008, impide que se persiga
y que los responsables sean juzgados y, en su caso, condenados.
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