Artículo de Luis Escribano
- Si la UE tuviera conocimiento de todos los incumplimientos cometidos por la Junta, Andalucía dejaría de percibir los fondos europeos estructurales (FEDER y FSE).
- La empresa privada contratada para verificar dichos fondos está presidida por una persona cercana a Chaves y Griñán, y con polémicas en el pasado.
En mi artículo
publicado el pasado jueves en este mismo diario, denunciaba que la verificación
de expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en materia
de empleo con fondos europeos (FSE), función que corresponde a la Dirección
General de Fondos Europeos, las realizó una empresa privada contratada en 2009
(Nº expediente FE.07/08) por casi 9,5 millones de euros.
Dicha empresa,
que se denomina Red2Red Consultores, SL,
la preside Juan Ramón García Moreno.
Según su curriculum, había sido Subdirector General del INEM y Director General
de FORCEM (Fundación para la Formación Profesional Continua, conocida hoy como
Fundación Tripartita).
Por Orden de 6
de abril de 1988 del entonces Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, se aprobó el nombramiento de don Juan Ramón García
Moreno (funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos)
como Subdirector
General de Promoción de Empleo del INEM. Fue cesado por el sucesor de
Chaves, Luis Martínez Noval, por Orden de 23 de mayo de 1991, a petición propia.
El mismo
Ministro lo nombra Subdirector General de Gestión de Formación Ocupacional, por
Orden de 24 de junio de 1991, siendo cesado por José Antonio Griñán por Orden de 30 de julio de 1993.
El 6 de febrero
de 1995 cesó en sus funciones como Director Técnico de FORCEM, por lo
que se entiende que desarrolló su labor en esta Fundación después de su último
cese en el INEM.
Los Presidentes
de FORCEM en esa época fueron:
D. José
Manzanares Núñez, en representación de UGT (1993).
D. José de la
Cavada Hoyo, en representación de CEOE (1994).
Dña. Julia Frías
Gómez, en representación de CC.OO (1995).
Es evidente que
no es casual que la Junta de Andalucía contratara a la empresa Red2Red para
verificar el cumplimiento de la normativa en los expedientes cofinanciados con
fondos europeos (FSE), y que las buenas relaciones del Presidente de la
empresa, Juan Ramón García Moreno, con el PSOE vienen desde los años en los que
desempeñó puestos en el INEM como Subdirector General en la época de Chaves y Griñán como ministros.
Por cierto, el
paso de Juan Ramón García Moreno por
el INEM y FORCEM no estuvo exento de polémica, y al menos dos casos se hicieron
públicos en los medios de comunicación durante aquellos años.
El primer caso conocido, publicado
por el diario ABC, fue la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia por
Ricardo Cobelo, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos (FSP)
de UGT, el 8 de marzo de 1993, contra Narciso
Sánchez Romero, Secretario Provincial del INEM de Sevilla, y Juan Ramón García Moreno, entonces
Subdirector General de Gestión de la Formación Ocupacional del INEM. En dicha
denuncia se les acusaba de presunta
prevaricación en la concesión de subvenciones por 90 millones de pesetas a
la fundación Forja XXI, presidida en
aquellos años por Diego García, ex
responsable de Recursos Humanos de Expo 92, para impartir cursos de formación
ocupacional a 390 trabajadores en paro. Dicha fundación se encuentra
actualmente bajo investigación judicial por el presunto desvío de fondos para
la formación de trabajadores de Delphi en Cádiz, entre otros motivos.
Según denunciaba
UGT, Forja XXI no cumplía los requisitos para recibir subvenciones públicas con
el fin de impartir cursos formativos para desempleados, que Narciso Sánchez
Romero envió a Juan Ramón García la
solicitud de Forja XXI sin indicar las características del plan formativo que
pretendía impartir y sin detallar exactamente qué personalidad jurídica tenía
la fundación. Asimismo, denunciaba UGT que “la
fundación no sólo no estaba constituida formalmente a principios de 1993, sino
que siempre se identificaba como Expo 92 en la documentación remitida al INEM”;
además, que el centro de Forja XXI no estaba homologado como centro colaborador
del INEM, y que los planes formativos sólo se podían otorgar a empresas y
organizaciones sindicales y empresariales, lo que no era el caso de Forja XXI. Asimismo
añadía que los cursos de Forja XXI fueron solicitados en abril de 1992, cuando
una resolución de la Dirección General del INEM establecía que el último día de
recepción de peticiones de subvenciones para planes formativos expiraba el 30
de octubre de 1991. El sindicato puso especial énfasis en las irregularidades
detectadas en los cursos de Forja XXI, que al parecer fueron reconocidas en
informes internos del INEM. Los cursos de Forja XXI tampoco se iniciaron antes
de la fecha límite del 10 de noviembre de 1992. Por último, UGT insistió mucho
en el incumplimiento por parte de Forja XXI del compromiso de contratar a parte
de sus alumnos una vez que finalizaron los cursos.
El segundo caso se originó a raíz
de un Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la actividad de
FORCEM en el periodo 1993-1995. Según publicó el diario El País en 1999, el
informe que el citado Tribunal aprobó en 1998 relataba que el 15 de abril de
1995 FORCEM pagó 12,121 millones de pesetas a los antiguos responsables de la
Dirección Técnica, Juan Ramón García
Moreno, y de la División Económica, Juan Aycart Andrés, citados por sus
cargos (6 millones cada uno).
Por encima de
Aycart y de García Moreno sólo estaba el Patronato de la fundación, creada en
agosto de 1993 y gobernada por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y
los sindicatos UGT y CC OO. FORCEM administró entre los años 1993 y 1995,
periodo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, un total de 116.000 millones de pesetas.
Según la
noticia, el informe del Tribunal decía que "estas dos personas …. cesaron
en sus funciones con fecha 6-2-1995, momento en que se produjo su dimisión,
extremo que se ve confirmado en los partes de baja de la Seguridad Social, en
los que aparece como causa de la misma la expresión “voluntaria". "Esta
indemnización", precisaba a continuación, "no estaba pactada en los
correspondientes contratos, donde sí se establece que la indemnización para el
trabajador será, en caso de desistimiento de la Fundación, de un año de la
retribución por todos los conceptos y, en caso de despido declarado
improcedente, de dos mensualidades por año de servicio". El citado Tribunal
concluyó que "FORCEM opta por una solución cuyo coste carece de amparo
contractual alguno, al no estar prevista indemnización por dimisión del
trabajador, es decir, por resolución del contrato a instancia del trabajador,
por lo que esta aplicación de fondos realizada por la Fundación carece de
justificación alguna" (páginas 24, 57, 58 y 59 del Informe).
Por otro lado,
es bien fácil demostrar que los trabajadores de la empresa que preside Juan
Ramón García Moreno, Red2Red, han efectuado trabajos de verificación de
expedientes administrativos de la Junta de Andalucía que el ordenamiento
jurídico no les permite. Es doctrina pacífica de los tribunales de justicia,
porque así lo establece el ordenamiento jurídico, que actividades como la actividad
subvencionadora (incluidas la inspección, comprobación de la realización de la
actividad y del cumplimiento de la finalidad para la que se hubiese concedido
la subvención, así como el reintegro de las mismas), control y fiscalización
interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, contratación
administrativa (incluido la interpretación, modificación y resolución de
contratos), evaluación, control, comprobación de cumplimiento de normas legales
y reglamentarias, vigilancia e inspección, y otras muchas más, son, en palabras
del TSJA, “de naturaleza indudablemente
administrativa”. Todas ellas necesitan ser ejercidas con la participación
de funcionarios.
Según la
plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, la denominación del
contrato que se adjudicó a Red2Red Consultores era “Servicios a la Dirección General de Fondos Europeos para la
realización de tareas de apoyo en la verificación de las operaciones
cofinanciadas con los programas operativos del FEDER y el FSE 2007-2013 en la
Junta de Andalucía”. Sin embargo, al leer el pliego de prescripciones
técnicas del contrato, se comprueba en el apartado 3, “Contenido de los
trabajos”, que no es así, y que la Junta de Andalucía llegó más lejos de lo que
permitía la Ley:
“3.- CONTENIDO
DE LOS TRABAJOS
El contenido de
los trabajos a realizar para el presente contrato consistirá en la prestación
de apoyo técnico a la Dirección General de Fondos Europeos en el desempeño de
las atribuciones que le corresponden en materia de verificación de las
operaciones enmarcadas en los Programas cofinanciados con los Fondos
Estructurales en el periodo 2007-2013.
En particular,
los trabajos estarán en todo momento enfocados al fin previsto en el art. 13
del Reglamento 1828/2006 de la Comisión….
Para ello, a
través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que
los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con
la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son
correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y
nacionales.”
Por tanto, es
evidente que la empresa ha efectuado trabajos usurpando funciones a los
funcionarios de la Junta de Andalucía, y con el beneplácito de los responsables
de la Consejería de Economía y Conocimiento (luego Economía, Innovación y
Ciencia), que fue la que adjudicó el contrato, y de todos los que hayan participado en esta nueva aberración. El título del contrato no es más que otro engaño de tantos, pues realmente no son "tareas de apoyo", sino un claro ejercicio de potestades administrativas.
Este
incumplimiento del ordenamiento jurídico invalida las verificaciones efectuadas
por la Junta de Andalucía de los fondos europeos. ¿Tiene conocimiento la UE de este incumplimiento de
la normativa interna del Estado español? ¿Quién responderá de nuevos bloqueos por la UE de dichos fondos?
Este
incumplimiento afecta igualmente a las verificaciones de los expedientes de
subvenciones para cursos de formación para el empleo, que están sometidos a
investigación en el Parlamento y en los Juzgados. ¿Pedirá alguien
explicaciones, o todo quedará en el olvido? ¿Actuará la Fiscalía de oficio, o
hay que esperar a que la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional “le presenten las
denuncias en su mesa” a la Sra. Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, tal
como me respondió a una pregunta que le realicé en unas Jornadas de índole
jurídica? Así no, Sra. Segarra, así no se puede luchar contra la corrupción.
Cosas de
Andalucía, la Cosa Nostra.
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