Bandidos y estúpidos en los partidos

Artículo de Luis Escribano

• La lacra de la corrupción genera un círculo vicioso del que resulta muy difícil salir.
• Muchos políticos, sean "bandidos" o "estúpidos", se comportan cruelmente con los ciudadanos.
• Muchos ciudadanos se consideran incapaces de luchar por sus libertades y derechos.
• No existe alternativa a un plan o programa integral de lucha contra la corrupción.

Desde que la corrupción se convirtió en uno de los problemas que más preocupan a los españoles, los partidos políticos en España han ido incorporando propuestas en sus programas electorales dirigidas, según dicen, para luchar contra esa lacra que corroe los cimientos de nuestra "democracia". Sin embargo, como buen conocedor del fenómeno, debo de iniciar mi artículo con una declaración: no hay ningún partido político que realmente proponga las medidas adecuadas para reducir la corrupción. 

Tras hacer esta declaración, ¿se ha de deducir que los políticos de todos los partidos mienten cuando plantean sus medidas en esta lucha? Desde el momento en que dichas medidas no tienen el efecto que proclaman, sí, mienten, y cruelmente por lo que voy a explicarles.

Los variados partidos políticos que han pasado por los distintos gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, incluso locales, han propagado la creencia de que aplicando sus medidas la corrupción disminuirá. Sin embargo, los ciudadanos perciben como esas medidas son inservibles, pues la corrupción no cesa, la impunidad de muchos corruptos sigue tal cual, la justicia material no se ve por ninguna parte, mientras que al delincuente de poca monta le cae todo el peso de la ley. Y esta injusticia lo único que produce es insatisfacción en la ciudadanía, que crece cada día, y que sufriendo los efectos de las crisis económicas cíclicas, ven como unos pocos corruptos se enriquecen a costa de los demás. Y todo ello, con conocimiento de los políticos de esos partidos que no adoptan las medidas necesarias. De ahí la “crueldad” denunciada.

La “crueldad” supone una falta extrema de empatía. Existe una relación entre crueldad y estupidez por el daño que ésta causa a la sociedad. Según la “teoría de la estupidez”, las personas se clasifican en estos grupos: 

- Inteligentes, que son quienes benefician a los demás y a sí mismos.

- Desgraciados, que benefician a los demás y se perjudican a sí mismos.

- Bandidos, quienes perjudican a los demás y se benefician a sí mismos.

- Estúpidos, que perjudican a los demás y a sí mismos.

Así, las personas crueles pueden ser desgraciadas, bandidas o simplemente estúpidas. La inmensa mayoría de nuestros políticos, que nada hacen por reducir la corrupción de manera efectiva, se integrarían en los dos últimos grupos.

Cuando las personas “crueles” dominan la sociedad, sale a relucir lo peor del ser humano, y ello tiene un coste enorme para la sociedad. Y es peor aún cuando sus víctimas aprenden la indefensión frente a los comportamientos arbitrarios, crueles e incluso agresivos. Se llama “indefensión aprendida”, y se refiere a la condición de un ser humano que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación adversa u hostil, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. En esta situación tan lamentable se encuentran muchos ciudadanos, que son incapaces de luchar por sus libertades y derechos.

Todos los que tenemos un profundo conocimiento de la corrupción -me incluyo porque llevo muchos años en esta lucha- denunciamos el círculo vicioso que genera del que es muy difícil salir: la corrupción provoca en los ciudadanos desconfianza en los gobiernos y políticos; esta desconfianza provoca a su vez un desapego de la sociedad civil de la política, que conlleva una escasa participación pública (menor vigilancia en la toma de decisiones) y un aumento del fraude fiscal, incluido el originado con la corrupción; este fraude conlleva menos ingresos para el Estado, que intenta compensar con subidas desproporcionadas de impuestos; esta bajada de ingresos provoca recortes y menores gastos, y por tanto, una menor vigilancia y control por los órganos correspondientes, y una bajada de salarios; y esta bajada de salarios y de los gastos genera un aumento de la corrupción, tanto pública como privada.

Si no nos tomamos con la seriedad y urgencia que merece este problema que deteriora gravemente la sociedad y su desarrollo integral, el orden moral y la estabilidad democrática, podemos acabar en unos pocos años con grandes desigualdades sociales, con un aumento de la marginalidad y exclusión de grandes sectores de la población, provocando a su vez una gran inseguridad. Los efectos son devastadores. Sin embargo, nadie aborda el problema con la seriedad y contundencia necesaria.

Parto de la base de que la corrupción no se puede eliminar completamente, al ser imposible el control individual. Sin embargo, puede diseñarse un conjunto de medidas de gran eficacia en la lucha contra la corrupción, a fin de minimizarla.

Sólo hay una alternativa, y hay que adoptarla urgentemente: diseñar, aprobar y ejecutar un plan o programa integral de lucha contra la corrupción. Y este plan o programa debe iniciarse con un exhaustivo análisis de las causas de la corrupción hasta acabar con la propuesta de medidas, que abarcan un campo enorme de acción. Para ello, es fundamental tener como principio informante en todo momento la DESCONFIANZA. Esta es la clave en la eficacia del plan o programa.

El control y la vigilancia mutua a todos los niveles (poderes públicos, órganos de control internos y externos, etcétera) es imprescindible, y la independencia de los órganos instrumentales (que incluye la de los recursos materiales y humanos) es requisito esencial. Toda medida que no se base en estos elementos será ineficaz.

El plan o programa debe diseñarse ajustándose a la realidad social, política y económica del ámbito que se aborde, y las medidas deben venir acompañadas de una programación temporal, con sus correspondientes indicadores para la evaluación de su eficacia y, en algunos casos, de su eficiencia.

Hace unos días impartía en Málaga una conferencia sobre la corrupción en Andalucía, y no fue fácil que el público asistente entendiera que la corrupción no sólo afecta al ámbito público, sino también al privado, y que ambos están íntimamente conectados. Desgrané las causas que nos ha llevado en Andalucía (y posiblemente en otros lugares) a sufrir sus consecuencias, así como los variados factores que intervienen y los distintos tipos de corrupción que nos afectan.

Asimismo, expliqué cómo la "cartelización" de los partidos políticos influye decisivamente en la corrupción política y económica, como otras causas lo hacen en otros tipos de corrupción. Fundamenté la propuesta que realicé de algunas medidas que considero imprescindibles en la lucha contra la corrupción, medidas que abarcan materias tan dispares como la educación, modelo de Estado, forma de gobierno y potestades, atribución y distribución territorial de competencias entre niveles de gobierno, régimen electoral, técnica legislativa, organización y régimen jurídico del sector público, función pública, funcionamiento y financiación partidos políticos, aforamiento, acceso y promoción de las autoridades y empleados públicos, control del gasto público, transparencia, régimen de policía, régimen disciplinario y sancionador, tipificación de infracciones y establecimiento de las penas o sanciones (Códigos), responsabilidad patrimonial, justicia material, órganos instrumentales, y muchas otras.

Cualquier propuesta de medidas que no abarque todas estas materias será inútil e ineficaz en la lucha contra la corrupción. Todas las medidas se necesitan y se complementan, y la sinergia obtenida con la ejecución conjunta es muy elevada. Por separado, pierden eficacia o se anula.

Si observan detenidamente las materias referidas con anterioridad, existe una íntima conexión entre muchas de ellas y la corrupción política y económica en el ámbito público. Y eso es debido a que, de algún modo, afectan al proceso de toma de decisiones de las autoridades en los poderes públicos. La resistencia que ofrecen muchos políticos a adoptar medidas relacionadas con esas materias se debe a que verían reducida la posibilidad de adoptar decisiones de forma arbitraria, tal como ocurre actualmente en muchos casos, y a que tendrían que motivar adecuadamente las decisiones que afectan a las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones, dado los múltiples controles que existirían. La lucha contra las inmunidades del poder forma parte del diseño del mencionado plan o programa.

No se dejen engañar por los buhoneros de la política. La situación de España, y en concreto la de Andalucía, es de extrema gravedad. Tengan la seguridad de que habrá muchos vividores de lo ajeno que me censurarán por alarmista. Pero los datos están ahí, a mano de cualquiera. Los hechos son incuestionables, y por mucho que los políticos dediquen sus recursos a vender las bondades de sus propuestas, ahí seguirán los hechos tal como son, con su total crudeza. ¿Acaso ven ustedes algún avance en los resultados en la lucha contra la corrupción? Los casos no paran de aumentar, y algunos relacionados con algún tipo de delito no trascienden a los ciudadanos por el mero hecho de que los políticos han eliminado infracciones del Código Penal, para que no se visibilicen las conductas reprobables. Todo está muy estudiado para que los legos en la materia no sepan que entre “bandidos” y “estúpidos” anda el juego.

Les voy a poner un ejemplo concreto, para demostrar como toman el pelo cruelmente a la ciudadanía. Existe un delito tipificado en el Código Penal que es conocido como “fraude subvenciones”. En el año 1996, para que constituyera delito, lo defraudado tenía que superar un importe de 10 millones de pesetas (60.000 euros). El artículo es modificado en el año 2004, y se eleva a 80.000 euros. En el año 2010, en plena crisis económica y con algunos casos de corrupción en la esfera judicial, se eleva la cantidad a 120.000 euros. Y en el año 2013 se vuelve a modificar el artículo, dejando la misma cantidad de 120.000 euros. Estos límites entran en juego exclusivamente cuando se trata de fondos propios del Estado, de las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos. Sin embargo, cuando se trata de fondos europeos, el Código Penal establece ese límite en 50.000 euros.

Es decir, que si ustedes defraudan en unas subvenciones públicas con fondos propios un importe, por ejemplo, de 119.000 euros, no se considera delito, aunque pueda tener sanción administrativa (el juez del caso Invercaria ha dejado fuera de la instrucción lo defraudado en subvenciones que no superaban los 120.000 euros). Sin embargo, defraudar 52.000 euros con fondos europeos sí se considera delito. ¿Qué puede motivar esta diferencia de trato por el simple hecho del origen del fondo público? Y esto es un solo ejemplo. En mi conferencia expuse otros casos que demuestran que los partidos políticos en España nos tratan a los ciudadanos como necios, se ríen cruelmente de nosotros, aprovechándose de la “indefensión aprendida” que citaba anteriormente, porque seguimos sin reaccionar contra esta “crueldad”.

A continuación les planteo unas preguntas claves:

• ¿De qué sirve cambiar a los partidos políticos en las elecciones si el sistema político-administrativo que facilita la corrupción sigue siendo el mismo?
• ¿Qué utilidad puede tener un Código Penal, Mercantil, Civil..., si el control judicial está en manos de un poder público cuyo funcionamiento y gestión depende de los recursos que procuren los otros poderes públicos -legislativo y ejecutivo-?
• ¿De qué sirve la transparencia, o la eficacia policial, si sigue habiendo impunidad después?
• ¿Qué utilidad tiene publicar declaraciones de bienes y del IRPF de cargos públicos si se sabe que utilizan testaferros?
• ¿Qué eficacia tiene separar de su cargo público a imputados por corrupción política  y excluirlo de listas electorales, o condenar a los cargos a una inhabilitación especial, si luego los coloca el partido que gobierna en cualquier institución pública cobrando una nómina del erario público, o en una fundación o asociación que vive de las subvenciones públicas?
• ¿De qué sirve crear una "Oficina de prevención del fraude y la corrupción" dentro de un gobierno, si es conocido que sus actuales órganos de vigilancia y control internos no funcionan? ¿Quién va a morder la mano que le da de comer?
• ¿Qué eficacia puede tener órganos externos de control, como el Tribunal y Cámaras y Sindicaturas de Cuentas, si sus consejeros son nombrados por los que tienen que ser vigilados –políticos de los partidos-, y sus recursos humanos y materiales dependen igualmente de lo que decidan éstos?
• ¿De qué sirve la participación ciudadana en lo público si tenemos una sociedad desapegada de la política y sin articulación civil, situación provocada mayoritariamente por el excesivo intervencionismo del Estado en la sociedad? Y para colmo, la poca articulación civil existente está invadida o contaminada por los partidos políticos.

Y así podría seguir mostrándoles, una a una, la ineficacia de medidas que he ido extrayendo en muchos casos de los programas electorales de los partidos políticos.

Abran los ojos, observen la realidad que vivimos, lean cuantas veces necesiten este artículo, y luego mediten sobre ello. Posiblemente lleguen a la misma conclusión que un servidor hace muchos años: la solución no está en manos de los “crueles” políticos que proliferan en los partidos, de los “bandidos” que jamás tirarán piedras en su propio tejado. La solución está en nosotros, los ciudadanos, que debemos actuar unidos en defensa de lo nuestro, porque nadie, estimado lector, lo hará por usted.