Profesorado: gestión caótica

Artículo de Luis Escribano

• ¿Se reconocen derechos a profesores sin justificación, por error en la grabación de datos en el Sistema informático de recursos humanos?
• El sistema clientelar del PSOE andaluz en la Administración se extiende al profesorado andaluz, colocando “a dedo” profesores en las Delegaciones de Educación para realizar tareas de gestión administrativa.

Decía en mi anterior artículo que no hay rincón en la Junta de Andalucía que no sea susceptible de ser considerablemente mejorado, empezando por la organización y gestión de recursos humanos, que

es un auténtico cáncer, la gangrena que convierte el funcionamiento de la Junta en caos.

Hoy le toca el turno concretamente a la administración educativa. Desde hace tiempo, varios funcionarios -algunos profesores- se han puesto en contacto con un servidor para informar de temas relacionados con la gestión de los recursos humanos en la Consejería de Educación. Desconozco el alcance real de estas presuntas irregularidades, pero posiblemente nos encontremos con otro caso más de los denunciados en estas páginas que no interesa menear a los beneficiados, a fin de que el sistema clientelar instaurado por el PSOE-A en prácticamente todas las instituciones públicas andaluzas siga vigente hasta la eternidad, gracias al beneplácito de la ciudadanía andaluza, que no acaba de ver ni entender hasta que punto le perjudica las irregularidades e ilegalidades que denunciamos.

A continuación les resumiré algunas de las irregularidades que, al parecer, podrían estar cometiéndose en la gestión del profesorado:

1) Por los efectos económicos que conlleva, podría constituir una de las más graves si realmente está ocurriendo. Al parecer, hay casos de profesores que sólo trabajan parte del año (por sustituciones, etc.), a los que se les abona las retribuciones completas del mes de vacaciones, sin exigirles a continuación la devolución correspondiente a los meses no trabajados. ¿Ocurre esto siempre, o depende de cómo funcione cada Delegación provincial? Si sólo se diera un caso, podría pensarse que se debe a un error, pero si estuviese generalizado, podría tratarse de algo más grave, con presuntas responsabilidades de todo tipo. En cualquier caso, sería cuantificable, y no estaría de más que la Consejería hiciera públicos los datos, o que algún grupo parlamentario se los solicitara a la Consejería, certificado por algún funcionario de carrera que tenga competencia para ello.

2) Los datos de la vida administrativa del profesorado se gestionan en una aplicación informática (una base de datos ORACLE) que está pendiente de integrarse en el sistema SIRhUS -Sistema de información de gestión integrada de los recursos humanos de la Junta de Andalucía-. Si algún interesado quiere conocer algunos datos de dicha aplicación o sistema, en este enlace del repositorio de software de la Junta de Andalucía puede obtener dicha información.

En dicha aplicación informática, denominada “Sistema de gestión de personal dependiente de la Administración Educativa - Plantillas, Personal, Selección, Provisión, Nóminas y Seguridad Social”, se graban, entre otros datos, los reconocimientos de servicios previos y demás datos de la vida administrativa del profesorado (periodos de prestación efectiva en centros educativos, etc.), datos que son necesarios para el cálculo de la antigüedad, trienios y retribuciones, de gran trascendencia económica, dado el número tan elevado de profesores que tiene la Junta de Andalucía. Según las fuentes consultadas, existen notables diferencias entre lo grabado en el Sistema y la realidad administrativa del profesorado en muchos casos, que tiene doble relevancia: una, económica, pues hay profesores que podrían estar cobrando trienios y sexenios sin corresponderles; y dos, podrían hacer valer como mérito de antigüedad los periodos grabados en el sistema para la promoción funcionarial sin corresponderle.

Y hablando de reconocimiento de servicios previos, se está detectando en la Junta de Andalucía que hay funcionarios que habiendo aprobado las oposiciones de ingreso se les está reconociendo los servicios previos en empresas públicas (hoy agencias empresariales y de régimen especial), sociedades mercantiles y fundaciones públicas, cuando la jurisprudencia en esa materia es muy clara y tajante. Debería de extremarse el control sobre dichos actos de reconocimiento, por las consecuencias que conllevan.

No obstante, conociendo la pésima gestión que se realiza en la Junta de Andalucía en materia de personal -entre otras-, recomendaría a todos los profesores que participaran en procesos selectivos o de promoción (concursos) que exijan las copias de los expedientes de sus “rivales”, porque podrían llevarse muchas sorpresas, todo ello en aras de la "transparencia" de la que tanto hace gala el Gobierno andaluz.

Por cierto, y hablando de transparencia, los listados de participantes y puntuaciones obtenidas en cada criterios de baremación en los distintos concursos deberían hacerse públicos siempre en la web de la Consejería en un formato que pudiera descargarse con toda la información, no sólo para conocimiento de los participantes, que podrían hacer valer su derecho al recurso en caso de irregularidades, sino también para general conocimiento de la ciudadanía, porque de esta manera podrían detectarse más irregularidades en el caso de que se cometieran. Si se defiende que la gestión siempre se hace de acuerdo con las normas, ¿por qué hay entonces tantos reparos a hacer públicos los listados con los detalles de las baremaciones efectuadas? El actual sistema de consultas es limitado en cuanto a información, y deja de estar operativo pasado un tiempo, lo que limita controles posteriores o acceso a posibles pruebas documentales a presentar en los recursos administrativos y judiciales. Sin embargo, los listados con todas las puntuaciones de todos los participantes podrían guardarse por todo aquel que tuviera interés en hacer el seguimiento si se publicasen completos en la web de la Consejería. No obstante, desengáñense, porque esto no interesa a los “creadores del caos” en la gestión del profesorado, y jamás publicarán dichas listas con toda la información.

3) Las Delegaciones provinciales de Educación cuentan con puestos de trabajo regulados en las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPT- con los datos singularizados de todos ellos. Pues parece ser que en dichas Delegaciones desempeñan su labor muchos trabajadores sin ocupar puestos de dichas RPT, sino que son profesores – e incluso orientadores- destinados en distintos centros educativos, que están trabajando en las Delegaciones pero cobrando las nóminas por el centro educativo. Esta circunstancia de colocar a dedo a profesores en las Delegaciones de la Consejería de Educación alimenta el consabido  sistema clientelar al que nos tiene acostumbrados el PSOE andaluz: con los contactos adecuados, "fulanito" consigue traer a la Delegación a tal profesor de un centro educativo en el que no quiere estar (por lejanía u otros motivos), y a cambio deberá hacer lo que se le pida…y ya sabemos como se suele actuar en la Junta a la vista de los casos judicializados. Hay mucho estómago agradecido en estos casos, y el PSOE andaluz es de los que te hacen pagar cualquier deuda que tengas con ellos por cualquier favor que te hayan prestado, y si no respondes, te amargarán la vida hasta en la tumba.

Para colmo, esto obliga a sustituir a esos profesores con otros, que a veces no son ni de la misma especialidad, o a los orientadores, sin que puedan ocupar plazas en los centros educativos al estar reservadas a los sustituidos, aumentando el gasto en dicho centro educativo, que no tiene margen de maniobra para pedir a la Consejería el profesorado que realmente necesita el Centro. Obviamente, esto provoca muchos trastornos en el funcionamiento de los Centros y de la misma Administración General, siempre en perjuicio de los alumnos y de la ciudadanía en general. Imagínense, por ejemplo, los trastornos que una rotación excesiva de profesorado puede producir en alumnos de menos edad.

Y les planteo las siguientes cuestiones: ¿es legal elegir a dedo a profesores para realizar funciones que corresponden a funcionarios de la Administración General -no educativa- sin ocupar puestos de las RPT de las Delegaciones provinciales? Y si lo fuera, ¿es legal realizarlo al margen de cualquier sistema de selección público y transparente? ¿Es legal cobrar por un Colegio o Instituto y trabajar en una Delegación de la Administración General? ¿Es legal que estos profesores participen en los concursos de traslado del profesorado valorándose el trabajo que desempeñan en las Delegaciones provinciales como si fueran impartiendo clases, y sin incorporarse a su nuevo destino sigan trabajando en las Delegaciones provinciales?

Según la legislación aplicable, parte de las retribuciones de cualquier funcionario se establecen en función de las características del puesto que ocupan y de las características del mismo y de las funciones a desempeñar. Si la gestión administrativa de una Delegación de Educación nada tiene que ver con dar clases a estudiantes de Literatura, Matemáticas o Educación Física, o de “orientar” a los alumnos –que en muchos casos, desorientan más que orientan-, la irregularidad es evidente.

Como suele pasar en la Junta, en materia de recursos humanos siempre se fuerza la maquinaria para intentar conseguir que la gestión dependa en parte de personas que podrían ser coaccionadas ante el riesgo de perder el beneficio de los cambios de destino. Ha pasado en la Consejería de Empleo con los trabajadores de la Fundación Pública FAFFE y con externos contratados en muchas Consejerías, entre otros casos, y parece estar pasando con el profesorado en las Delegaciones de Educación, al menos.

4) Según las informaciones recabadas, hay profesores que, según el “Sistema de gestión de personal dependiente de la Administración Educativa - Plantillas, Personal, Selección , Provisión, Nóminas y Seguridad Social” de la Junta de Andalucía, siguen activos, aunque en la realidad están jubilados –por la edad es fácil de detectar- o incluso fallecidos en algunos casos. ¿Qué control puede realizarse de este personal si los datos de dicho Sistema no están actualizados? Sería el colmo que se estuviera pagando la nómina a estos profesores "no jubilados" en el Sistema de recursos humanos de la Consejería pero que en la realidad sí lo están. ¿Cómo puede realizarse una gestión tan pésima en materia de recursos humanos? ¿Por qué no se solicita a esos profesores que presenten la acreditación de su situación real, de forma similar a como se hace anualmente con muchos pensionistas para poder seguir cobrando la pensión? O más fácil aún: con los sistemas telemáticos tan avanzados que hay hoy, podrían conectarse los sistemas con los de la Seguridad Social –si no lo están ya- para actualizar los datos automáticamente. ¿O acaso interesa tenerlos descontrolados?

No se sorprendan ustedes, que llevamos así más de 30 años en manos de un partido político, el PSOE andaluz, que lo que menos le preocupa es realizar una gestión de calidad, y mucho menos enfocar todo el sistema educativo en la excelencia de la formación del alumnado. Sólo le interesa mantener el sistema clientelar, el de los favores para luego hacértelos pagar, porque lamentablemente, hay funcionarios que se "prostituyen" sin resistencia ante la voz de su amo, salvo raras excepciones, y entran en un peligroso juego que, en definitiva, nos perjudica a todos, incluidos a ellos mismos.

Por último, debo dedicar unas líneas a los miembros de los sindicatos allegados al Régimen que suelen visitar al personal que desempeña su labor en las Delegaciones de Educación preguntando sin rubor “¿qué hay de lo mío?”, refiriéndose a esos favores especiales que están muy extendidos en la Junta de Andalucía, como se ha publicado en numerosas ocasiones en este diario y en los medios de comunicación en general.

A mi juicio, difícilmente saldrá Andalucía de su miseria moral, intelectual y económica, si no se produce una catarsis en la gestión del sistema educativo andaluz, y el problema radica en que el PSOE andaluz no puede hacerlo.