¿Quién decide?

Un artículo de Luis Escribano

El lunes pasado, distintos medios de comunicación publicaban la noticia de la visita del Rey de España a la fábrica que la empresa Persán, S.A. posee en Sevilla, en donde ha presidido la celebración del 75 aniversario de la misma. Dicha empresa se dedica al mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza, y ha inaugurado un laboratorio de I+D, un almacén automático con capacidad para 40.000 palés y unidades de fabricación de detergentes en cápsulas.

Por supuesto, acudieron para acompañar al monarca políticos de todos los colores que ocupan distintas instituciones del Estado, de la Comunidad andaluza y del Ayuntamiento. ¡Hasta el ministro de Defensa! Que ya me dirán ustedes la relación de esta cartera ministerial con los detergentes… quizá por eso de que hay que lavar los uniformes. En fin, cosas del protocolo.

Asimismo, en dichas noticias aparecen unos datos económicos sobre la empresa. Entre otros, se aportaba que Persán facturó 372 millones de euros en 2014 (ha aumentado un 4,5%), con un beneficio antes de impuestos de 29,3 millones. Desde que empezó la crisis, en 2008, Persán ha invertido más de 90 millones de euros, aumentó sus ventas en un tercio, la plantilla en un 30 por ciento y los salarios subieron un 19 por ciento. No obstante, el beneficio se redujo en un 13 por ciento, quizás por las inversiones realizadas, las bajadas de precio para estimular el consumo, y el coste del personal.

Según indican dichos medios de comunicación, la empresa ha informado que la inversión total durante el pasado año fue de 16,9 millones, y destaca que la facturación de la compañía “continúa a un ritmo ascendente, tanto en España, como en los países europeos, como Portugal”. Ha recordado, asimismo, que las exportaciones suponen un 30 por ciento de las ventas totales de Persán. La fábrica, que ocupa una extensión de 80.000 metros cuadrados, es la más grande de Europa en productos de detergencia.

En la propia web de Persán se indica que "la facturación en 2013 fue de 356 millones de euros. Las inversiones en los últimos diez años suman 128 millones de euros."

Sin embargo, me ha llamado la atención que ningún medio señalara que dicha empresa ha contado con cuantiosas ayudas de la Junta de Andalucía para esas inversiones. Y no digo esto precisamente para encumbrar la labor del Gobierno andaluz, sino todo lo contrario, como explicaré más adelante.

Antes de seguir con mi reflexión, debo aclarar que he tomado el ejemplo de esta empresa como podía haber tomado otra cualquiera en la misma o similar situación. Ha sido la publicidad de la visita real la responsable de mi elección. Quiero dejar claro que no tengo nada en contra de las personas que trabajan en esa empresa, ni de sus directivos ni de sus accionistas.

Bien, volviendo al tema de las ayudas solicitadas por la empresa Persán y otorgadas por la Junta de Andalucía, les señalo a continuación algunas de ellas como muestra.

En el año 2008, según la información obtenida del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de 25/01/2010, la Junta le concedió a Persán 3.355.908,99 euros de Incentivos Regionales, datos facilitados por la misma Administración.

En el BOJA de 18/03/2009 se publica el Acuerdo de 3/03/2009 del Consejo de Gobierno, ratificando el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia IDEA con fecha 10/02/2009, por el que se otorgaba a la empresa Persán un incentivo por importe de 1.252.580,66 euros

Aquí les dejo el enlace a algunos anuncios publicados por la Agencia IDEA sobre los incentivos concedidos a Persán. Observen las innumerables empresas y personas físicas que han recibido ayudas económicas otorgadas por la Agencia IDEA, sin que se fiscalicen previamente por la Intervención de la Junta dicho gasto y sin la participación de un solo funcionario.

AYUDAS 4º TRIMESTRE 2010: 522.632 euros

AYUDAS 1º TRIMESTRE 2013: 1.146.397,07 euros

AYUDAS 2º TRIMESTRE 2014: 2.600.805,04 euros

Para su deleite, o más bien aflicción, les dejo con más listados de beneficiarios de las ayudas concedidas de igual forma, sin fiscalización previa y sin la participación de funcionarios, por la Agencia IDEA desde el año 2012: AYUDAS AGENCIA IDEA

Respecto a la ayuda del segundo trimestre de 2014, el Consejo de Gobierno ratificó el 8/04/2014 el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia IDEA el 25/02/2014, por el que se concedía dicho incentivo referido más arriba de 2,6 millones de euros a la firma Persán, para modernizar su fábrica de productos de limpieza en Sevilla. Este proyecto suponía, según decía el anuncio publicado en la web de la Junta de Andalucía "una inversión de 19,6 millones de euros, el mantenimiento de 424 empleos (415 de ellos fijos) y la creación de siete más".

Decir que supone el “mantenimiento de 424 empleos” está dando a entender que, sin la ayuda de la Junta, la empresa no hubiera ejecutado el proyecto y despedido al personal. Muy pretenciosa ha sido la Junta de Andalucía con su anuncio, pues tengo claro que la empresa hubiera realizado la inversión con o sin ayuda de la Junta.

En total, con arreglo a lo que he podido encontrar a través de búsquedas en internet, las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa Persán desde 2008 ascienden a 8.878.323,76 euros.

Todo esto me ha hecho reflexionar sobre la actividad de fomento de la Administración, y sobre el caso particular de Andalucía.

¿Por qué la Junta de Andalucía tiene que ayudar económicamente a una empresa privada que, desde el comienzo, tiene asumido el riesgo de su inversión? Y si encima la empresa tenía sus cuentas saneadas, incluso con beneficios, ¿por qué hay que dar dinero de los contribuyentes a esta empresa privada?

Desde 2008, en plena crisis económica, multitud de empleados públicos, entre los que me incluyo, y trabajadores de muchas empresas, hemos visto nuestros sueldos rebajados en porcentajes elevados, perdiendo poder adquisitivo, o peor aún, han sido despedidos muchos trabajadores. ¿Por qué la Junta le da parte de ese dinero que se ha quedado de nuestros sueldos en ayudar a una empresa privada que le ha subido el sueldo un 19% a sus trabajadores, según decían los medios de comunicación? Y no sólo eso, los trabajadores de esa empresa tienen unos beneficios sociales en su Convenio colectivo que no tenemos los empleados públicos, y eso pagado con el dinero de las ayudas (lo que se ahorra la empresa en inversión, lo utiliza en el bien de sus trabajadores). Con ello no estoy diciendo que sean injustos los beneficios laborales de sus trabajadores, sino que el trato ha sido desigual debido en parte a que la empresa ha sido beneficiaria de las ayudas otorgadas con dinero público.

¿Quién decide en qué debe gastarse el dinero público? ¿Cuánto, cuándo y cómo? ¿Debe hacerlo el Estado, en sus tres niveles de gobierno, estatal, autonómico y local? Sin el intervencionismo del Estado, ¿la sociedad española sería incapaz de crecer económicamente? ¿Con ello no se frena, reprime y cercena la capacidad de los ciudadanos españoles para ingeniárselas por sí solos o unidos en sociedades o cooperativas, incluso para salvar cualquier situación socioeconómica que presentara dificultades? ¿Influye o no en el mercado ese intervencionismo, que incluso se dirige en demasiadas ocasiones a sectores de escaso potencial productivo?

Es cierto que el potencial económico de un solo individuo o unos pocos no es el mismo que el de un Estado, cuyo sistema tributario le permite contar con sumas astronómicas de fondos –muy atractivas, por cierto, para cualquier corrupto sin escrúpulos-. Para entendernos, con mil euros no se puede construir una planta industrial, pero si juntamos la aportación de muchos, el potencial es mayúsculo. Pero, ¿quién debe arriesgarse en la aventura de crear las empresas, el Estado o los ciudadanos que voluntariamente quieran hacerlo uniendo sus capacidades y economías? Y si lo deciden los ciudadanos, ¿con ayuda o sin ayuda del Estado?

Creo en las personas, en su ingenio, en su capacidad de trabajo, pero me temo que vistas las políticas de fomento ejecutadas en nuestro país, es evidente que a los partidos políticos que nos han gobernado y gobiernan prefieren seguir con ese intervencionismo sin límites, convirtiéndolo en uno sus negocios más prósperos de nuestra historia contemporánea.

¿No sería más razonable que fuera la empresa quien decidiera sus políticas, incluyendo las inversiones a realizar y la asunción del riesgo, y el Estado se dedicara a reducir al mínimo posible la carga fiscal a ciudadanos y empresas, a regular con mínimos la convivencia, velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, por su protección y su seguridad –prestaciones sociales, sanidad, etc.-, y por supuesto, a ayudar a aquellas personas que tienen más difícil el acceso al mundo laboral de forma eficiente?

El poder que los políticos alcanzan cuando llegan a gobernar les seduce tanto, es tan enorme el endiosamiento que les produce su uso –y abuso en demasiadas ocasiones-, que olvidan que son tan ciudadanos como cualquiera de nosotros. Nuestros gobernantes prefieren asfixiarnos a base de impuestos y tasas a fin de ser ellos quienes decidan el destino de esta recaudación, en vez de disminuir esa carga fiscal y dejar a los ciudadanos y las empresas que libremente decidan dicho destino, ya sea en inversiones, nueva creación de empresas, en consumo, etcétera. Es otra manifestación más de la falta de libertad de la ciudadanía.

Si analizamos la cuestión en Andalucía, la subsidiada, la del voto comprado a base de incentivos, ayudas, subvenciones y contratos, encontramos en el excesivo intervencionismo la base del sistema clientelar que sostiene en el poder al PSOE andaluz. Y dado el número de electores que aporta Andalucía, diría que el PSOE nacional no podría subsistir sin este sistema.

En mi anterior artículo revelé una solución para acabar con este sistema tras el resultado electoral obtenido. Vistos los listados de beneficiarios de las ayudas que les he señalado anteriormente, ¿entienden ustedes por qué el PSOE-A jamás dejará de gobernar en Andalucía, salvo que los partidos de la oposición que sumen una mayoría absoluta lleguen a un acuerdo de gobierno de coalición para adoptar las medidas más urgentes de regeneración democrática, empezando por la ley electoral, medios de comunicación públicos, etc., y posteriormente, en el momento oportuno, convoquen unas elecciones autonómicas en “igualdad de condiciones” para todos? Les aseguro que los ciudadanos lo veremos con buenos ojos… salvo los que viven del PSOE-A, obviamente.