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En el reinicio del
último curso político, a mediados del pasado septiembre, los medios de
comunicación anunciaban a bombo y platillo:
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“El Gobierno central y la Junta de Andalucía
han firmado este lunes el convenio de colaboración para la ejecución del Plan Estatal de la Vivienda (2013-2016). La ministra de
Fomento, Ana Pastor y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, han
suscrito este plan, que destinará a la
comunidad cerca de 180 millones de euros para el fomento del alquiler, la
rehabilitación de la vivienda y la regeneración y renovación urbanas. De la
cantidad total, 137 millones los aportará el Estado y los 41,3 restantes la
administración autonómica.
A estos 137 millones hay que sumar, ha
indicado Pastor, el dinero destinado a subsidiaciones
de préstamos de vivienda y otras subvenciones. Una cantidad que, según la
ministra, asciende a 455 millones sin sumar la aportación de la Junta.
Con la inversión total se podrán rehabilitar 8.500 viviendas andaluzas,
conceder 52.100 ayudas al alquiler y beneficiar
unos 52.000 préstamos convenidos de la subsidiación. Además, Pastor ha
explicado que se prevé que la rehabilitación de edificios, regeneración y
renovación urbanas puedan generar alrededor de 5.800 puestos de
trabajo en tres años”.
El único
antecedente público de este timo lo ofreció la Asociación Empresarial Sevillana
de Constructores y Promotores de Obras (GAESCO), que puso el pasado año en
conocimiento de la Fiscalía la deuda de 18 millones de euros que se mantenía
con catorce empresas promotoras que se acogieron a las subvenciones para la
construcción de vivienda protegida correspondientes al Plan de la Vivienda
2008-2012.
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Y aunque ello
suceda, las preguntas de los jóvenes andaluces, tanto ahora a doña María Jesús como
antes a doña Elena, se perpetuarán en el tiempo: “consejera, ¿qué hay de lo
mío?
Por su parte, el gobierno
central también deberá explicar su pasividad:
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